Profesor de Derecho Penal de la Usal
El sentido común en la vida social y política española pasa por uno de los peores momentos de la historia. La altanería, la soberbia, la mala educación, la manipulación y la mentira son el caldo de cultivo sobre el que florecen los líderes políticos actuales. El los foros donde reside la soberanía nacional no se discute sobre desempleo, salario mínimo, pensiones, sanidad, educación, servicios sociales o seguridad ciudadana, sino casi exclusivamente sobre cuestiones territoriales como el procés catalán, que no se supo evitar, en su momento (recordemos que desde que el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, en 2006 y la sentencia del TC declarándolo en parte inconstitucional, en 2010, se sentaron las bases de la problemática actual, se incubó el huevo de la serpiente que hoy devora la estabilidad social y política española).
El entonces presidente, M. Rajoy, manifestó textualmente que interponían el recurso de inconstitucionalidad porque "el nuevo Estatut liquida unilateralmente el modelo de Estado". Algo que el PP no hizo con otros estatutos de autonomía reformados en la misma época y que contenían artículos "literalmente idénticos" a los recurridos del catalán. Fueron concretamente los estatutos reformados de Andalucía, Aragón, Baleares, Valencia, Canarias y Castilla la Mancha. La diferencia es que en la mayoría de estas comunidades gobernaba el PP. ¿Fue coherente y sensato interponer el recurso del estatuto de Cataluña? De aquéllos polvos vienen estos lodos. De aquélla irresponsabilidad, de aquél actuar por resentimiento y no en defensa de los intereses generales, viene el conflicto actual.
No obstante, aquélla actuación partidista del PP es un argumento que hoy, más de una década después, viene bien a la derecha política (ahora fragmentada en tres bloques: PP, Ciudadanos y Vox), porque cuanto peor vayan las cosas y más enfrentamiento haya entre catalanes y españoles, entre nacionalistas independentistas y nacionalistas españolistas, más rentabilidad política obtendrán. Y lo saben, por eso exprimen al máximo la cuestión catalana, sin importarles las gravísimas consecuencias que se puedan generar.
Y llevamos mucho tiempo en el que no se habla de otra cosa, ni los ciudadanos ponen atención en asuntos tan graves como el descubierto hace poco, que se está investigando por la justicia y que pone de manifiesto que al gobierno del PP no le importaban tanto los problemas de los ciudadanos, en la legislatura 2011-2015, que gobernaron con mayoría absoluta, como salvar su "pellejo", costara lo que costara, para que no se conociera la auténtica trama de corrupción derivada de "los papeles de Bárcenas".
Me estoy refiriendo a la "operación Kitchen", en la que, presuntamente y según las informaciones periodísticas, el ministerio del interior, de Jorge Fernández Díaz y la dirección general de la policía, presidida por Ignacio Cosidó (hoy portavoz del grupo popular en el Senado), autorizaron el pago, con fondos reservados, al chófer de Bárcenas para que éste, con la ayuda del famoso comisario Villarejo, sustrajera de los "papeles de Bárcenas" anotaciones muy comprometedoras que certificarían actividades de corrupción política entre los líderes del PP y los miembros del gobierno de M. Rajoy. Las cantidades abonadas al chófer fueron cuantiosas, además de obtener un importante puesto de trabajo de policía nacional.
Por aquél entonces, la crisis económica generó recortes en los presupuestos del Estado que afectaron a servicios esenciales de la comunidad, a derechos fundamentales y sociales de los ciudadanos tan relevantes como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, los destinados a la violencia de género, las pensiones, los salarios de los funcionarios y las infraestructuras. Esta crisis provocó más desigualdad y más pobreza. No había dinero público para esto pero sí lo había para pagar a mercenarios que pudieran ocultar los graves casos de corrupción del PP, no sólo en el gobierno de M. Rajoy, sino en los de Valencia, Madrid o Baleares (por poner sólo algunos ejemplos).
Pero, a pesar de ello, el señor Cosidó sigue ocupando un puesto relevante en la ejecutiva nacional del PP, sigue siendo uno de los preferidos de Pablo Casado, lo siguen defendiendo públicamente sus correligionarios y, por supuesto, sus colegas ideológicos de Ciudadanos y Vox, que nada han comentado ni denunciado. ¿Este tripartito puede gobernar Andalucía con estos antecedentes? ¿Pueden aspirar a gobernar España en el futuro? ¿Es Ciudadanos consciente de ese peligroso giro hacia la ultraderecha que está dando? ¡Veremos!