Protestan porque aún no han cobrado el incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
Más de 5 .000 alumnos se han quedado hoy sin hacer su examen de conducir como consecuencia de la primera jornada de huelga de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se inicia hoy a nivel nacional, que ha registrado un seguimiento de más del 90 por ciento desde las 08.00 horas de este lunes. Los examinadores protestan porque aún no han cobrado el incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Con ocasión de esta primera jornada de huelga, que se prolongará de forma ininterrumpida hasta el próximo 21 de diciembre, la asociación de examinadores Asextra, con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Dirección General de Tráfico (DGT), ha celebrado este mediodía una manifestación en Madrid en el paseo de la Castellana.
CSIF apoya la huelga de examinadores convocada entre los días 10 y 21 de diciembre, por el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo sobre retribuciones que recogen los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Se calcula que unas 5.000 autoescuelas se verán afectadas por la falta de prestación de los servicios durante la huelga, con miles de trabajadores. Así, unos 800 examinadores dejarán de realizar, de media, unos 80.000 exámenes diarios, durante las jornadas de paro convocadas.
Los presupuestos, aprobados el pasado 28 de Junio por el Congreso de los Diputados, incluyeron una enmienda que contemplaba la asignación de 3.055.500? al concepto de Complemento Específico de los examinadores de Tráfico, que estuvieron en huelga durante más de 65 jornadas en 2017, entre el 2 de junio hasta el 13 de diciembre.
Esta enmienda, acordada con los grupos parlamentarios, favoreció la desconvocatoria del conflicto. Pues bien, pasados ya cinco meses de la aprobación de los PGE de 2018, nos encontramos con el visto bueno al gasto aprobado por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero aún no se ha concretado la aprobación por parte del departamento de Gastos de Personal y Pensiones públicas.