Profesor de Derecho Penal de la Usal
La arena política está que arde, y cada día más. De un tiempo a esta parte, las sesiones de control al gobierno, bien en el Congreso de los Diputados o en el Senado, se han convertido en el escenario de un combate de boxeo en el que los contrincantes ya no respetan al adversario ni cuando está sentado descansando entre asalto y asalto.
El lenguaje político se ha degenerado hasta límites insoportables. Diputados y Senadores han abandonado la dialéctica clásica y se han abonado al insulto, la descalificación y la mentira, porque todo vale con tal de derribar al contrario y acceder al poder, no a gobernar, sino a mandar sin respetar al contrario ni a las reglas del juego democráticas y lo que es más grave aún, intentando manipular la justicia, noqueando su independencia.
El Parlamento se parece cada vez más a un ejército de trileros indocumentados a los que no les importan los problemas de los ciudadanos. No se pregunta por la gestión de la educación, de la justicia, de las pensiones, de las políticas sociales, del empleo y del salario mínimo o de las condiciones de vida de los españoles. Cualquier observador imparcial de los debates parlamentarios puede comprobar que las palabras "fascista, golpista, secesionista, filoetarra, extremista" y otras lindezas semejantes, se utilizan sistemáticamente para calificar al contrario. No es extraño que en estas circunstancias, como ocurrió el pasado día, la presidente del Congreso, Ana Pastor, en una intervención que la honra, tuviera que recriminar a los diputados diciendo que las palabras fascista y golpista iba a retirarlas del diario de sesiones. ¡Hasta dónde hemos llegado!
Pero no sólo en la dialéctica parlamentaria se detecta una alarmante degeneración de la vida política, sino también en las conversaciones privadas entre parlamentarios a través de mensajes de whats app, en las que se constata la ambición por manejar y adueñarse de instituciones del Estado tan importantes como el poder judicial y su sagrada independencia. "Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás", decía el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, después de que PP y PSOE pactaran para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, -algo que tenían que hacer porque la legislación vigente les obliga-, y que desencadenó la renuncia de quién iba a ser el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena.
A pesar de la gravedad de los hechos, Ignacio Cosidó sigue siendo, no sólo Senador del PP, sino también portavoz de este grupo en la cámara alta. Pablo Casado, presidente de este partido y candidato a la presidencia del gobierno, sigue apoyándole incluso después de conocer que siendo Cosidó director general de la policía en el gobierno de M. Rajoy, utilizó su poder para pasearse por las "cloacas del Estado", junto al ex ministro Fernández Díaz, al marido de Cospedal, al chófer de Bárcenas y otras personas implicadas. Todo ello, según las informaciones publicadas por varios medios de comunicación, para intentar rescatar los papeles de Bárcenas con información sensible que podían implicar a miembros y altos cargos del gobierno del PP en presuntos casos de corrupción. Y ante esto, ¿qué hace Pablo Casado y el resto de miembros del PP?. Negarlo rotundamente y atacar de forma inmisericorde a los adversarios políticos.
Si algo ha quedado meridianamente claro después de prosperar la moción de censura presentada por el PSOE a M. Rajoy es lo siguiente:
1º.- PP y Ciudadanos están compitiendo de manera enfermiza por hacerse con el control de la derecha política española e intentan radicalizar su mensaje para quitar los apoyos que pueda tener un partido xenófobo como Vox.
2º.- Ambos partidos están intentando, de forma obsesiva y compulsiva, que el presidente del gobierno convoque elecciones cuanto antes porque tienen miedo que los ciudadanos les vean su auténtico rostro. Cuanto más expongan éste, menos apoyo electoral tendrán, y lo saben perfectamente.
Y 3º.- A las dos formaciones políticas les interesa que el problema territorial catalán se dilate en el tiempo, o al menos, parafraseando a Ortega, que no se viva políticamente "conllevándolo" como se hizo hasta que se reformó el Estatuto catalán y el PP lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, dejándolo éste muy debilitado, ya que es su principal argumento electoral, sobre todo para Ciudadanos y el "alma mater" de su entrada en política.
Por estos motivos, ambas formaciones tienen reacciones políticas guiadas más por el sentimiento, por la impotencia de la rabia, que por la razón. Les convendría serenarse un poco, No sólo sería bueno para ellos, sino para España y todos los que vivimos en este gran país.