A pesar de las cifras demoledoras, la situación empeora cuando se busca el apoyo de las instituciones públicas. Evidentemente es ahí cuando comienzan los obstáculos para obtener asistencia, apoyo, justicia y reparación.
Lucía Mayo
Activista por los Derechos Humanos
En el año 2011, mediante la firma del Convenio de Estambul - término con el que se conoce al acuerdo firmado por el Consejo de Europa para implantar medidas que hicieran posible que la violencia contra la mujer dejara de ser una realidad? España se comprometió, entre otras cosas, a "proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica". Sin embargo, este compromiso no entró en vigencia hasta agosto de 2014. A cuatro años de su implementación muchos se han preguntado cuáles han sido los progresos, si es que los ha habido.
Recientemente, la Plataforma Estambul Sombra se ha reunido en la ciudad de Madrid, para discutir la realidad española en la temática, llegando a la conclusión de que en lo que va desde su implementación, pocos han sido los avances, suspendiendo especialmente en materia de prevención y en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, cabe resaltar que en lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y según los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Gobierno español, en lo que va del 2018 ha habido más de 500.000 víctimas de violencia de género registradas.
Estas cifras refuerzan la idea de que es vital la implementación de políticas públicas tendientes a prevenir y educar a la sociedad, como así también proteger y asistir a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, la realidad muestra que hay más piedras en el camino que soluciones, especialmente en materia de prevención y lucha.
Respecto de la prevención, la Plataforma Estambul Sombra ha señalado que la educación en igualdad es la eterna asignatura pendiente, incumpliendo así el artículo 14 del Convenio de Estambul. Porque a pesar de que las Comunidades Autónomas tienen transferida las competencias en esta materia, "la ley marco común para todo el Estado, la LOMCE, no obliga a educar para la igualdad y la erradicación de las violencias machistas".
En Sanidad, la formación del personal en materia de prevención y detección precoz de violencia de género "es todavía muy escaso", en gran medida, gracias a los recortes sanitarios. Y en lo que respecta a la protección social, la Plataforma destaca que "la primera carencia que se detecta está en relación con el elemento transversal del no tratamiento de las víctimas de violencia sexual como víctimas de violencia de género, dado que esta forma de violencia no tiene un reconocimiento como tal en la legislación española a nivel estatal" aunque sí está contemplada en las legislaciones de muchas Comunidades Autónomas.
Pero además, y a pesar de las cifras demoledoras, la situación empeora cuando se busca el apoyo de las instituciones públicas. Evidentemente es allí cuando comienzan los obstáculos para obtener asistencia, apoyo, justicia y reparación, exponiendo además que el sistema de atención a las víctimas en el Estado español es prácticamente inexistente. Muchas veces, más que dificultades u obstáculos, lo que encuentran las víctimas es la imposibilidad de acceso a la justicia, el maltrato institucional, la injusticia y la revictimización.
Es por ello que la impunidad, los prejuicios, la revictimización, los estereotipos, el maltrato institucional, la falta de formación en género, la opacidad de datos y de cifras deben ser combatidos mediante prevención y educación. Además, el Estado Español tiene la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres, dando cabal cumplimiento a los Convenios que ha suscrito y por los que está obligado.
Como sociedad nos hemos acostumbrado a convivir con la normalidad de la violencia de género y es momento de decir ¡basta! Visibilizar el problema es parte de la solución, apartar las piedras del camino es obligación del Estado y no olvidar a las víctimas es nuestra responsabilidad como sociedad.