OPINIóN
Actualizado 05/11/2018
Rubén Martín Vaquero

En algunos países democráticos los diputados, congresistas o senadores electos de unas Cortes Constituyentes podrían redactar una Constitución en la que fragmentarían el territorio y descentralizarían el poder político, con la intención de acercar a los ciudadanos el ejercicio del poder político, de aproximar a los electores a sus representantes, y de racionalizar los organismos públicos, sin prever los problemas que estaban generando: Puede que se produjese una desigualdad jurídica, social y económica de sus habitantes, con unos territorios más ricos y otros más precarios donde el ejercicio de la solidaridad interterritorial fuese cosa del recuerdo; también podría darse la duplicidad en la burocracia; serían de lamentar las lagunas en los respectivos sistemas educativos donde cada territorio, olvidándose del resto, podría decidir establecer unos contenidos y objetivos educativos diferentes, y un sistema de selección de los trabajadores a la función pública y al profesorado sectario y maniqueo, para impedir el acceso a esos puestos de trabajo al resto de ciudadanos de ese país. Aunque el problema más grave de la fragmentación y descentralización política podría ser la transformación de unas élites desleales en oligarquías caciquiles que pudieran convertir sus territorios en auténticos reinos de taifas, perpetuándose en el poder y en los cargos públicos aunque para ello fuese preciso conspirar con mentiras y calumnias contra el poder central, y aprovechando un momento de debilidad de éste, utilizar los medios de comunicación públicos para llamar a sus ciudadanos a la movilización e incluso a la rebelión en contra del Estado descentralizador y de la Constitución que les ha otorgado privilegios sobre el resto de ciudadanos del país.

Menos mal que los diputados, congresistas o senadores electos de las Cortes Constituyentes de esos países democráticos, no habrían dejado en el desván del olvido la revisión automática de la Constitución por parte de los ciudadanos, donde éstos deberán volver a ratificar con sus votos su continuidad, o su desaparición si ha resultado un fiasco y ha enfrentado a los ciudadanos, o ha puesto en peligro la propia existencia del país.

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