Propietarios de terrenos por los que debe atravesar una variante de la SA-322 se niegan a la venta, lo que condiciona la licencia urbanística
Como avanzaba días atrás LAS ARRIBES AL DIA, la Diputación de Salamanca ha emitido un informe desfavorable a la solicitud de la empresa Berkeley para obtener la licencia urbanística que le permita continuar con su proyecto de mina de uranio en el Campo Charro, en principio en el término municipal de Retortillo, aunque ampliable a Villavieja de Yeltes y otros pueblos de las comarcas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo.
El motivo principal por el que los servicios técnicos de la Diputación hayan considerado que la solicitud de licencia urbanística no se ajusta aún a la normativa, se debe a que previamente deberá acometer una variante al tramo de carretera (SA-322) que pretende ocupar y a la que se oponen varios de los propietarios de terrenos afectados.
Como señalan desde la Plataforma Stop Uranio, organización contraria al proyecto, por tratarse de un bien de dominio público "para proceder a su desafectación se debiera haber construido la variante anunciada por la empresa minera, pero eso no ha ocurrido porque Berkeley no se ha hecho con la propiedad de todas las parcelas afectadas y desistió del procedimiento de expropiación de las que sus dueños no le han querido vender amistosamente".
Es más, la empresa minera inició meses atrás las obras de esta variante que posteriormente tuvo que paralizar por carecer de la licencia urbanística, una acción que desencadenaría la apertura de un expediente sancionador, aún por resolver por parte del Ayuntamiento de Retortillo.
Sin embargo, desde Stop Uranio aseguran en un comunicado que "Berkeley sabe que no puede obtener la Licencia Urbanística sin la propiedad de los terrenos y a pesar de ello señalaba en un comunicado reciente que la documentación está en regla y se trata tan solo de un mero trámite burocrático".
A este 'trámite burócrático' se suma otra cuestión que sí parece más salvable para obtener la licencia urbanística y por el que también ha sido desfavorable el informe, y es que debe presentar "un proyecto firmado y visado de todas las instalaciones que pretende construir en Retortillo, únicamente lo ha hecho de los edificios administrativos", según Stop Uranio.
Cabe recordar que el informe emitido por la Diputación es preceptivo pero no vinculante, y que fue realizado por la institución provincial al quedar vacante la plaza de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Retortillo, plaza que ha sido cubierta hace dos meses y que tiene tras de sí tres renuncias de interventoras debido a la presión a la que han sido sometidas sus titulares.
A pesar de que el informe no sea vinculante, marca el camino que deberá realizar el Consistorio, así que parece poco probable que sea resuelto en un sentido contrario sin que antes se subsanen las deficiencias de este 'trámite burocrático', y mucho menos que se adopte una decisión política en contra de los informes técnicos, pues ello conllevaría la presentación de recursos judiciales de inmediato.
Rechazo social
Y a todo esto, al proyecto minero de Berkeley se suman las reticencias de un Gobierno a todo lo que suene a 'nuclear', y lo más importante, el rechazo social mayoritario de la zona, que reniega de los diez años de trabajo previstos para unos centenares de personas, ante el temor de hipotecar el futuro en estas tierras para varias generaciones.
Este rechazo social se veía de nuevo representado en la manifestación celebrada este sábado en Vitigudino y que era convocada por colectivos relacionados con la ganadería, principal sector económico de la comarca de Vitigudino y que contaba con el apoyo explícito de las organizaciones profesionales agrarias y de 40 ayuntamientos de la zona, además de las asociaciones de mayores de la comarca de Vitigudino.