Profesor de Derecho Penal de la Usal
Una de las características de los modernos estados sociales y democráticos de derecho es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y en el acceso a la justicia. A diferencia de los estados absolutistas del 'Ancien Regime', en los actuales estados democráticos avanzados no debe haber privilegios entre los ciudadanos. Ya nos lo recordaba el mismísimo rey emérito hace unos años en uno de sus últimos mensajes navideños: "La justicia es igual para todos". Personalmente, cada vez que recuerdo este mensaje regio, me provoca lo que en la desternillante película La vida de Bryan le ocurre a los soldados romanos al oír decir a su jefe gangoso "¿os parece gracioso cuando menciono a Pidjus Magnificus?", es decir, una incontenible risa.
Una prueba evidente de que, por desgracia, la justicia no es igual para todos, la tenemos en el archivo por parte del Tribunal Supremo, de las actuaciones, presuntamente delictivas, concretamente por prevaricación administrativa y cohecho impropio, del líder del PP, Pablo Casado, debido al presunto trato de favor que recibió de la Universidad Rey Juan Carlos, al obtener su Máster. De hecho, la juez Rodríguez Medel, llegó a imputar (declarar investigados) a 4 alumnos que, como Casado, obtuvieron el título del Máster sin asistir a ninguna clase. Por las mismas razones, tuvieron que presentar su dimisión la ex presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y la ministra de Sánchez, Carmen Montón.
De esta decisión parece que ya eran conscientes, tanto Pablo Casado como el resto de los miembros del PP, hace unos meses, cuando ante la presión política que estaban recibiendo por ese presunto trato de favor en el Master, siempre declaraban que no se ponían nerviosos y que estaban "completamente seguros" que el Tribunal Supremo iba a archivar el caso. ¿Son adivinos? Bueno, quizá no tanto, ya que el Tribunal Supremo, aunque haya archivado la causa, deja caer, en la resolución, que Casado pudo tener trato de favor.
Los aforamientos de nuestros políticos (de todos), provocan una quiebra de los principios y derechos penales y procesales que deben tener todos los ciudadanos en el acceso a la justicia. Lo mismo ocurre con las excepciones procesales que se hacen con ciertos delincuentes (terroristas, por ejemplo), para los que se puede prorrogar la detención más allá de las 72 horas establecidas en la Carta Magna (aunque la misma Constitución, sorprendentemente, prevea esta excepción en el artículo 55.2) y se les asigna un juez diferente al ordinario y natural predeterminado por la ley, vulnerando las garantías del debido proceso. Sabemos que, no sólo en el caso de los aforados, sino también dependiendo del tipo delictivo, la instrucción de los delitos podrá realizarse por su juez natural (el de instrucción territorial correspondiente) o por otros diferentes (los centrales de instrucción dependientes de la Audiencia Nacional).
Que pueda haber medidas excepcionales, en casos muy excepcionales, ¿podría ser admisible?, podría. Pero, desde luego, esta situación no debería mantenerse ya en el caso de ETA, por ejemplo, una organización terrorista que ya se ha disuelto. En cambio, las medidas penales, procesales y penitenciarias excepcionales y de emergencia, siguen vigentes en la práctica. Reflexionemos sosegadamente sobre ello.
Ya decía en gran Orwell en su satírica obra Animal farm, que "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros". Mientras siga vigente la legislación y la aplicación práctica de este tipo de privilegios procesales, para unos y excepciones al debido proceso, con reminiscencias de legislación de excepcionalidad penal o de emergencia, para otros, los países democráticos serán más parecidos a los absolutistas, autoritarios y totalitarios, que a los auténticos estados sociales y democráticos de derecho.