Profesor de Derecho Penal de la Usal
Estas lindezas, "ya te puedes ir despidiendo de las niñas", o la de "me voy a cargar lo que más quieres", son algunas de las gravísimas amenazas que el parricida de Castellón profirió contra su mujer antes de materializar sus actos criminales (matar a sus dos hijas) y que culminó con su suicidio. Estos hechos, que hielan la sangre de cualquier ser humano, resultan aún más denigrantes al conocer que esas amenazas de muerte sistemáticas fueron denunciadas por la madre de las criaturas, de 3 y 6 años, ante la jueza especializada en causas de violencia de género competente, pero ésta no apreció que esas palabras fueran lo suficientemente concretas y determinantes para considerar una amenaza seria contra la vida de las niñas y, en consecuencia, decretar la correspondiente orden de protección contra las víctimas. No es extraño, por tanto, que el Defensor del Pueblo haya abierto, de oficio, una investigación por las circunstancias que han concurrido en el caso.
Pero, por desgracia, no han sido éstas las últimas víctimas de una violencia que no cesa, porque con la asesinada por su pareja en Torrox (Málaga) son ya 38 mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de 2018 y 3 niños incluidos en esa negra tipología, aunque en la realidad hayan sido más los asesinados guarden o no relación directa con la violencia machista (44 mujeres y 8 niños).
A pesar de la gravedad de los hechos, resulta sorprendente el escaso eco informativo que están teniendo en comparación con otros sucesos que los medios de comunicación dieron un mayor soporte informativo. Recordemos el caso del niño Gabriel, vilmente asesinado presuntamente por la pareja de su padre y que sirvió para que los expertos en Derecho Penal y partidos políticos contrarios a la pena de prisión permanente revisable fueran denigrados de manera inmisericorde por quienes son partidarios de disuadir esta criminalidad exclusivamente incrementando la duración de las penas de prisión y endureciendo las condiciones de su ejecución.
Se llegó a afirmar por parte de algún representante político que quienes no apoyaban la prisión permanente revisable estaban desfasados y fuera de la realidad, aunque quienes manifestaran esa posición contraria fueran la mayoría de los expertos en la materia: profesores de Derecho Penal, jueces y fiscales. Sabemos, por pura evidencia empírica, que las medidas que mejor previenen estos crímenes son la educación en valores de igualdad (aunque en ésta los resultados no sean efectivos a corto plazo), las denuncias de la mujer, la inmediatez policial y procesal a la hora de decretar medidas cautelares (órdenes de alejamiento) y la efectiva colaboración ciudadana. Para ello, las administraciones públicas (Estado, CC.AA. y municipios) tienen que incrementar los recursos económicos destinados a mejorar los medios personales y materiales. Dejar que la solución a éstos como a otros crímenes horrendos sea exclusivamente el incremento de las sanciones penales es poner a las víctimas al borde del precipicio.
Hace exactamente un año y con el anterior gobierno del PP, se firmó un pacto de Estado contra la violencia de género que, sin embargo, aunque originariamente se dijo que estaba acompañado de una partida presupuestaria, posteriormente resultó ser falto y no ha sido operativo hasta la llegada del actual gobierno, concretamente hasta primeros de agosto de este año, cuando se han distribuido a las CC.AA. y ayuntamientos los fondos previstos. Esto es una prueba evidente que el gobierno de M. Rajoy no tuvo voluntad política para desbloquear los problemas que impedían el reparto de los fondos, a pesar de que cuando se firmó el pacto, 28 de septiembre de 2017, se consideró un asunto altamente prioritario por todos los partidos firmantes.
Por otra parte, siempre hay medios de comunicación que reorientan la información, ocultando temas relevantes para la sociedad y explotando otros, de pura bagatela, para desviar la atención de los ciudadanos, por exclusivos y oscuros intereses políticos y electorales; aunque, afortunadamente, cada vez engañan a menos ciudadanos.
Como ejemplo concreto, en estos momentos en los que estoy redactando este artículo, accedo a la información que dos medios de comunicación están emitiendo: en uno, hay un debate serio y sosegado sobre la gravedad de la violencia de género, ofreciendo datos estadísticos de mujeres y niños asesinados y en el que los tertulianos aportan ideas constructivas sobre lo que se debería hacer para mejorar y combatir esta lacra; en otro (como todos los días), informaciones sobre si Pedro Duque, actual ministro, tuvo beneficios fiscales o no en el momento que compró su chatet hace trece o catorce años (a pesar de que los altos responsables tributarios dicen que fue legal), cuando no sólo no era ministro, sino que no estaba ni de lejos en proyecto de serlo y se dedicaba a trabajar por la ciencia. Entonces, para estos mismos tertulianos, Pedro Duque era un dios, un ejemplo a seguir; en cambio, ahora es un villano al que hay que apartar, como sea, de la vida política, para derribar al gobierno que accedió por los mecanismos constitucionales de una moción de censura, que todavía escuece, y mucho, a la derecha troglodita y a la otra derecha que solo quiere poder, a cualquier precio y que ve que se le puede esfumar si no hay pronto elecciones.
Así actúan algunos periodistas de medios de comunicación, a los que José María Izquierdo denomina "comentaristas de la prensa de la caverna". Por algo será.