Las cosas siguen tensas en Cataluña. Quien pudo pensar ingenuamente que el tiempo todo lo cura o que el proceso electoral catalán y el cambio del gobierno español dibujaban un momento salvífico hoy siente que estaba equivocado. Cuando la avalancha de banderas hacía de las avenidas un río cromático permanente, el paroxismo alcanzado parecía difícilmente superable. Luego, el encarcelamiento preventivo de un grupo de irresponsables disparó un mecanismo de insólita plasticidad mediática. Paulatinamente las solapas de los conmilitones de los políticos presos lucieron lazos amarillos cuya colocación se extendió a los escaños vacíos saliendo después a la calle. Desde entonces, miles de lazos, que suponen un legítimo símbolo de protesta, se han enseñoreado del espacio público. La arena de todos es monopolizada por una acción partidista, mientras que el gobierno catalán, ignorando una vez más que forma parte del Estado y que por ello debe respetar la legalidad, protagoniza asimismo la frenética promoción del guiño amarillo. En frente, grupos de individuos se afanan para quitarlos. Este galimatías es preocupante.
La indudable legitimidad de la Generalitat convive, como es habitual desde hace años, con el mantenimiento de una situación de oposición semi leal dentro del sistema político español. La política, que se ocupa de lidiar el conflicto, concita un juego donde los actores de muy diverso cuño que intervienen en el mismo deben aceptar el respeto a las reglas. El antagonismo gobierno-oposición entiende que el diferendo entre ambos respeta pactos básicos en la contienda. La expresión "leal oposición" refleja bien ese contexto. Cuando la oposición es desleal la misma se sitúa fuera del sistema. Pero en Cataluña nadie lo está y la vida transcurre dentro de cauces institucionales. El problema más dramático surge cuando un jugador inicia la partida con unas reglas adoptando de inmediato, y sin dejar el terreno de juego, sus propias reglas. Juan Linz teorizó esta situación muy bien señalándola como uno de los aspectos que más podían conducir a la quiebra de la democracia.