Juan L. Hernández Mira
Activista por los Derechos Humanos
Corrían tiempos convulsos para la sociedad española en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. En noviembre de 1975 había fallecido el dictador Francisco Franco que, aparte de haber llevado a cabo un golpe de estado en 1936 seguido de una cruenta guerra civil, había dirigido con mano férrea los destinos del pueblo español durante 40 años. 40 años de oscuridad, de represión, de aislamiento internacional. Eran años donde el terrorismo de ETA, GAL, Batallón Vasco-español o la AAA sembraba de asesinados y heridos la geografía española. También las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado dejaban mucho que desear por las constantes violaciones de los más elementales derechos de los ciudadanos. En ese complicado contexto, surge en 1978 una organización, Amnistía Internacional, que en aquel entonces era prácticamente desconocida por los españoles, que iluminaría a los ciudadanos en el conocimiento, la defensa y la protección de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948.
Amnistía Internacional había nacido unos 24 años antes, en 1961, cuando el abogado británico, Peter Benenson, conocedor de la situación de varios estudiantes portugueses encarcelados por el simple hecho de brindar por la libertad, había propuesto a sus compatriotas en un artículo: "Los presos olvidados" publicado en el periódico The Observer, que escribieran al periódico solicitando a las autoridades portuguesas que los pusieran el libertad. Sorprendentemente, miles de británicos contestaron a esta iniciativa, siendo este simple gesto el germen de lo que hoy es Amnistía Internacional y la que es una de sus acciones más conocidas y efectivas: el envío masivo de cartas o emails por parte de ciudadanos de todo el mundo a los dirigentes de determinados Estados, para que por ejemplo, algunos abogados en China, defensores de los derechos humanos, sean puestos en libertad; que en los Estados Unidos de América o en Irán, o en China o en cualquier otro país, donde todavía sigue vigente la pena capital, no sean ejecutados los presos (Amnistía Internacional está totalmente en contra de la pena de muerte); o que en Arabia Saudí no sea castigada a latigazos una mujer condenada por adulterio; o que se investiguen crímenes de guerra o de lesa humanidad contra dirigentes de algunos países en guerra, pongamos por ejemplo la denuncia contra el actual presidente de Siria Bashar al-Ásad y la trágica contienda que lleva desarrollándose en su país desde hace ya más de siete años; o promover acciones en la defensa de refugio y asilo, especialmente ante la actual y dramática crisis de refugiados; o que no se comercie con armas con determinados países que vulneran los derechos humanos; o que los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los ciudadanos de todo el mundo sean respetados.
Antes de la legalización, Amnistía Internacional ya había puesto su punto de mira en España habiendo denunciado en diferentes ocasiones la vulneración de los derechos humanos. En el artículo citado de Peter Benenson, ya se hacía referencia al caso del abogado Antonio Amat, que por tratar de crear una coalición democrática estuvo encarcelado sin haber sido juzgado desde 1958, y también se aludía a Enrique Tierno Galván, que fue profesor en nuestra universidad y posteriormente alcalde de Madrid, y que en 1957 fue encarcelado debido a sus actividades políticas y además expulsado a perpetuidad de la universidad a consecuencia de unas protestas estudiantiles que él apoyó.
Otros casos significativos denunciados por Amnistía Internacional fueron: la situación del preso asturiano Ramón Álvarez; los procesos de Burgos contra activistas de la organización terrorista ETA en la que 6 de ellos fueron condenados a muerte y que, gracias a las movilizaciones populares y la presión internacional, fueron conmutadas por penas de prisión; y la denuncia de las ejecuciones del anarquista Salvador Puig Antich y del alemán Heinz Chez en 1974. También se trabajó por los casos del dirigente del Partido Comunista Español Simón Sánchez Montero o del sindicalista de Comisiones Obreras Marcelino Camacho.
Ya en los primeros años de la transición se trataron numerosos casos entre ellos: el juicio a los militares de la Unión Militar Democrática en 1975 y el proceso del actor y dramaturgo Albert Boadella en 1978 por su obra satírica "La torna" en la que se posicionaba contra la pena de muerte.
Pero fue Manuel Casanoves, sacerdote catalán, el que marcó el comienzo de la andadura de Amnistía Internacional en España. El 10 de febrero de 1978 el Consejo de Ministros legaliza la organización siendo el 15 de julio del mismo año cuando se celebra la primera Asamblea Constituyente. En el momento de la legalización, la organización apenas contaba con 400 socios, siendo hoy más de 85.000 los socios que en España contribuyen a que esta organización continúe su trayectoria. Porque hemos de decir que Amnistía Internacional únicamente se financia con las aportaciones de sus socios y algunas donaciones, pero en ningún caso recibe o acepta ninguna financiación de gobiernos o empresas, por lo que de esta manera, se puede considerar completamente libre e independiente, ajena a toda influencia o presión de partidos políticos, gobiernos, entidades financieras o empresariales. Para la organización, los primeros años fueron complicados como también eran complicados y confusos los comienzos de la democracia en España. En 1979, la sede de Amnistía Internacional en Madrid fue atacada en tres ocasiones, la última el 11 de diciembre con una bomba incendiaria que afortunadamente solo hirió ligeramente a una persona. Siguiendo esta etapa convulsa, con el pretendido golpe de estado del coronel Tejero el 23 de febrero de 1981, la organización tomó la decisión de enviar sus archivos y listados de socios a la embajada francesa ante la incertidumbre de la situación y temiendo que la seguridad de sus socios y activistas se viera comprometida.
Las primeras campañas que Amnistía Internacional España llevó a cabo se desarrollaron en los años 80, entre ellas, la denuncia de la situación de los presos de conciencia en la extinta URSS, las desapariciones de ciudadanos durante las sangrientas dictaduras de Pinochet en Chile y en la del régimen de los militares en Argentina.
Han pasado 40 años, años de movilizaciones, campañas y denuncias para que los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo, enunciados en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos de la ONU en 1948 (que por cierto, también celebraremos este año el 70 aniversario de su proclamación) sean respetados, protegidos y salvaguardados.
En Salamanca un grupo de activistas, entre 20 y 30 a día de hoy y con cerca de 600 socios que tiene nuestra organización en la provincia, seguimos siendo conscientes de que como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad". Por ello y siendo conscientes, en muchos casos, de la triste realidad del mundo en que vivimos, un mundo con insufribles e interminables conflictos y guerras, con la tragedia y desesperación de los refugiados, la continua violencia contra la mujer, los presos de conciencia encarcelados. Un mundo donde la desigualdad propicia que haya ciudadanos de primera, de segunda o incluso de tercera clase. Pues bien este grupo de activistas donde nos encontramos estudiantes, trabajadores y jubilados, hemos decidido comprometernos con las pautas diseñadas por nuestros fundadores y dedicar nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestras ilusiones por trabajar por una sociedad más equitativa, por un mundo más justo y solidario, y concienciarnos a nosotros mismos y a la sociedad de que los derechos humanos deberían situarse entre nuestros objetivos prioritarios y como meta para llegar a ser mejores personas y ante todo mejores y más solidarios ciudadanos.