Profesor de Derecho Penal de la Usal
La polémica social y política generada con el procés catalán no tiene parangón en los últimos años en España y las consecuencias del mismo, si el problema no se soluciona adecuadamente, serán letales para nuestra convivencia. Para algunos partidos políticos, como los independentistas catalanes y nacionalistas españoles, como el PP, pero, sobre todo, Ciudadanos, es un argumento muy sólido para justificarse ante sus seguidores.
Los independentistas catalanes están encantados con la respuesta que se ha dado al procés desde el ejecutivo central y desde el poder judicial en los últimos tiempos. Sólo hay que recordar que en el año 2011, cuando Rajoy accedió al poder, el independentismo catalán, política y sociológicamente, no llegaba al 20 % de la población de Cataluña y en la actualidad está próximo al 50 % según todas las encuestas de opinión. Por parte del Ejecutivo de Rajoy, se tenían que haber agotado los procesos de diálogo, consenso y negociación política entre el Gobierno Central y la Generalitat que hubieran evitado la colocación de urnas en colegios electorales el pasado 1 de octubre y los sucesos posteriores de enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del Estado y ciudadanos que iban libremente a depositar su voto (aunque la consulta fuera declarada ilegal). Desde el independentismo catalán se tenía que haber escuchado la posición democrática de todos los representantes del Parlamento catalán, algo que no se hizo; no se respetó la opinión de los partidos de la oposición política: Ciudadanos, PSC y PP y se aprobaron leyes omitiendo los procedimientos democráticos previstos, al no permitir que la oposición introdujera enmiendas a los respectivos textos normativos aprobados por el Parlament y que son contrarios a las previsiones constitucionales.
Por su parte, desde el Poder Judicial tampoco se ha contribuido mucho a desactivar la tensión independentista con los procesos penales iniciados contra los responsables del Parlamento catalán y la Generalitat, al ser investigados por presuntos delitos de sedición y rebelión y haberse decretado prisión preventiva contra ellos. La calificación de rebelión y sedición es muy discutible porque no está muy claro que haya concurrido violencia en las conductas de los responsables, algo exigible como requisito imprescindible en nuestro Código Penal dentro de los elementos de los tipos penales de sedición y rebelión. En cambio, la calificación más adecuada, conforme a nuestro Código Penal y según una mayoría de expertos penales, podría ser la de los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y desordenes públicos. La calificación de presuntos delitos de sedición y rebelión y la prisión preventiva decretada contra varios responsables del Govern y del Parlament ha retroalimentado al independentismo. Quizá si judicialmente se hubiera actuado de otra manera, no hubiera habido mayoría absoluta de diputados independentistas en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21 de diciembre. Además, ya hemos podido comprobar cómo ha actuado tanto la justicia belga como la alemana en este asunto con Puigdemont, teniendo en cuenta, en el caso de Alemania, que el Código Penal de este país tiene una regulación muy parecida del delito de rebelión en el Código Penal español, que allí se denomina de alta traición.
Volviendo al tema de nuestro artículo de hoy, hay que decir que la actitud política de algunos partidos nacionales, como PP y sobre todo Ciudadanos, que alimenta el independentismo, ha estado presente en los últimos días en toda su extensión y con total virulencia con la retirada de lazos amarillos (arma estratégica del independentismo catalán, con lo que piden la libertad para los responsables del procés encarcelados). La participación de los líderes de Ciudadanos y PP en la retirada de lazos amarillos es un acto de irresponsabilidad política porque están utilizando la razón de la fuerza para acabar con un acto que puede ser la manifestación de una libertad fundamental reconocida en nuestra Constitución, como es la libertad de expresión, lo que generará más odio y enfrentamientos entre los ciudadanos. Esto es, por desgracia, lo que está ocurriendo. El pasado día fue agredida una mujer que estaba retirando lazos amarillos. En la manifestación de apoyo a esa señora, promovida, entre otras organizaciones, por PP y Ciudadanos, fue agredido un cámara de televisión de Telemadrid al creer que era un corresponsal de TV3.
Promover esos enfrentamientos debe ser condenable. Parece que esta política es la única que interesa a PP y Ciudadanos para recaudar votos en el resto del Estado, aunque sepan que los pierden en Cataluña. Partidos que son alternativa de gobierno a nivel nacional no deben practicar estas políticas. Hace falta más sosiego, más diálogo y utilizar menos la fuerza. En un Estado Social y Democrático de Derecho es, al menos, obligado, dialogar y consensuar y el uso de la fuerza sólo se puede decretar como último recurso y exclusivamente cuando los medios pacíficos hayan fracasado.