Profesor de Derecho Penal de la Usal
La huelga de médicos interinos funcionarios de Castilla y León que está promoviendo el sindicato SIMECAL desde el 1 de agosto, está causando graves problemas en la asistencia sanitaria de las zonas rurales de nuestra Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta que nuestras zonas rurales se están despoblando de forma alarmante en los últimos años y, además, esta población la componen mayoritariamente personas jubiladas mayores de 65 años, con lo que el problema es mayor aún. Coincide también que el mes elegido para las reivindicaciones es en el que más personas hay en las zonas rurales por ser el mes vacacional por excelencia. La repercusión es, por tanto, mayor que en otras épocas del año, teniendo en cuenta también que dentro de los profesionales de la medicina hay muchos que están disfrutando precisamente de sus vacaciones anuales. Está afectando aproximadamente a 120 municipios de la provincia de Salamanca, en los que no hay consultas desde el 1 de agosto.
Las reivindicaciones de los profesionales sanitarios son muy legítimas porque con el cambio de modelo estatutario para los sanitarios, elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, los médicos no tienen una demarcación territorial fija de actuación y pueden ser trasladados a 60 ó 100 kilómetros de la zona habitual de trabajo y según "necesidades de servicio". Con este nuevo modelo los médicos dejan de pertenecer a equipos con cupo pasando a ser considerados médicos de área sin horarios de trabajo estables. Por otro lado, estos profesionales acusan a la Consejería de Sanidad de no convocar oposiciones durante 20 años. La Consejería de Sanidad, por su parte, manifiesta que ha convocado 4 procesos selectivos en los últimos 15 años; lo que, a todas luces parece claramente insuficiente para cubrir las necesidades sanitarias de una comunidad tan extensa y tan despoblada. Esos nuevos contratos laborales se harán por horas y días solamente.
Con estas premisas, las zonas rurales de la provincia de Salamanca (fuertemente despobladas) no tendrán garantizado el derecho a la sanidad e incluso, si se cubren las necesidades sanitarias, con este nuevo modelo no está garantizado que haya estabilidad en la atención de los usuarios, de tal forma que un día les asistirán un médico y en la siguiente ocasión será otro diferente, lo que afectará no sólo al mejor conocimiento de los pacientes por parte de los médicos, sino también a la progresiva deshumanización de una profesión tan vocacional e impregnada de fuertes relaciones interpersonales, como la sanitaria. Es lo que ocurre cuando la administración, que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, adopta criterios de la empresa privada en la prestación de servicios absolutamente esenciales para la colectividad. No se puede jugar así con los derechos inalienables de los ciudadanos.
Recordemos que la provincia de Salamanca tiene actualmente menos habitantes que hace un siglo, según las últimas informaciones publicadas por el INE. En 1920, la provincia contaba con 342.000 habitantes y actualmente tiene 334.000. Teniendo en cuenta que en aquéllas fechas la capital de la provincia contaba tan sólo con 35.000 habitantes y ahora con 150.000, el problema de la hemorragia poblacional en las zonas rurales es aun mucho más grave. Hay municipios en algunas comarcas, como la nuestra, de Vitigudino, cuya población ha descendido más del 80 % en los últimos 50 años. De los habitantes que quedan en estos pueblos más de la mitad tienen 65 años o más.
Tenemos que reivindicar unos servicios públicos de calidad en todos los municipios (sean rurales o no, estén más o menos despoblados) de Castilla y León. Y los ciudadanos deberíamos implicarnos firmemente en la demanda de esas mejoras. Todos tenemos derecho a elegir libremente la localidad de residencia (vivir en el campo o en la ciudad) y esa elección nunca debe generar discriminación entre quienes son atendidos sanitariamente en una ciudad capital de provincia y los que lo son en las zonas rurales.
Y para que no desaparezca la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, al igual que la educación pública, la cultura y los servicios públicos universales tenemos que seguir defendiendo la vigencia del Welfare State, es decir, del Estado del Bienestar, por mucho que sea criticado por los defensores del capitalismo salvaje y del liberalismo doctrinario del Laissez-faire, que tanto avala la derecha política; una derecha que parece que defiende exclusivamente los intereses de los más poderosos y una legislación laboral (como la que tenemos actualmente) que permite condiciones de trabajo precarias y salarios insuficientes para la clase trabajadora. Estos salarios basura y estas condiciones laborales no serán suficientes para contribuir lo necesario y que las pensiones futuras sean las que avala el Estado del Bienestar. A esa derecha económica rancia y troglodita le interesa eso porque también presiona para que sea la empresa privada la que gestione los servicios públicos y la creación de planes privados de pensiones. No les interesan los derechos para todos, sino los ilimitados beneficios económicos de unos pocos, los más poderosos.
El Estado del Bienestar fue la solución que se adoptó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial para romper con una época que trajo desempleo, miseria y profundos desequilibrios sociales. El Welfare State, seguirá siendo el mejor remedio para fortalecer los intereses económicos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, es decir, el seguro de vida de todos, sobre todo de los que menos tienen.