El pasado día cinco, Alternativa Republicana de Salamanca convocó un acto público de homenaje al alcalde Castro Prieto, al diputado Andrés Manso y a las demás víctimas de la guerra civil y del franquismo. Un acto que lleva varios años celebrándose, desde que el ayuntamiento tuviera a bien dedicar una plaza al último alcalde republicano de Salamanca, asesinado por el fascismo en el verano de 1936. Se pidió que este homenaje, en lo sucesivo, tenga carácter institucional y se celebre en el salón de plenos (claro que, previamente, habría que eliminar la efigie de Franco pintada en un muro lateral del mismo, algo que es un insulto a la sensibilidad democrática y a las víctimas del franquismo, como lo era también ostensiblemente el medallón de la plaza Mayor).
Al respecto, añadiría que también sería apropiado resignificar el edificio de la antigua cárcel provincial (hoy sede del DA2, Domus Artium), de donde fueron sacados muchos salmantinos hacia una muerte violenta y anticipada. No sé cuántos visitantes de este centro cultural sabrán identificar las puertas de las celdas que se han conservado (entre ellas, la de los condenados a muerte, como alguna vez nos ha recordado el amigo Luis Calvo), pero no estaría de más abundar en la memoria histórica del edificio con una cartela en la fachada, folletos explicativos y, por qué no, alguna exposición permanente.
Por otra parte, el pasado domingo se celebró en Robleda un año más el homenaje a las víctimas del pueblo en el monolito erigido por la asociación "Documentación y estudio de El Rebollar". La asistencia fue más nutrida que otros años, quizá animada por el hecho de que cuatro de los asesinados del pueblo van a ser rescatados de una fosa común del cementerio de Boadilla. Y el acto fue ocasión tanto para recordar a las víctimas como para plantear una vez más las demandas del movimiento memorialista, que en los últimos años ha recibido poca o ninguna atención institucional. Básicamente, se trataría de que de nuevo se ponga en vigor la Ley de Memoria Histórica y se amplíe en aspectos hasta ahora no contemplados: la asunción de las exhumaciones por parte de las administraciones, el tratamiento judicial a las mismas, la anulación de las sentencias de los tribunales especiales, etc.
Como comentaba Ángel Iglesias en Robleda ?animador de estos encuentros desde hace años, junto con su compañera Françoise?, algunos creen que este tipo de actos son sólo para familiares y allegados de las víctimas, lo que es un error moral, pues estamos hablando de unas honras fúnebres aplazadas, que apelan, o deberían apelar, a toda la comunidad . Y, aunque estos actos tengan también un aspecto político, éste no debería ser partidista, pues en una democracia la memoria histórica y la verdad sobre el pasado colectivo deberían ser asumidas por todos.
Como dijo otro de los intervinientes en Robleda, mientras no sea así, la democracia española no será algo firme ni maduro.