Demandan una oferta de empleo urgente y suficiente para cubrir las plantillas y poder atender adecuadamente los centros penitenciarios
El sindicato independiente CSIF de Castilla y León ha entregado un escrito al nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, con las principales inquietudes, reivindicaciones y problemas de los funcionarios de prisiones en la Comunidad.CSIF subraya que las 8 cárceles de la Comunidad tienen un total de 445 plazas vacantes, entre el 12 y el 15% de la plantilla total, "lo que supone un lastre muy grave para poder atender adecuadamente estos centros, que requieren una oferta de empleo urgente y suficiente".
La falta de personal es, para CSIF, uno de los problemas prioritarios que afectan a las cárceles de Castilla y León y de España, para lo que se requiere "dar solución lo más rápidamente posible a las mal dimensionadas RPT (Relación de Puestos de Trabajo), y a la necesidad de cubrir las vacantes que tienen, más de 3.000 en España y 445 en el caso de Castilla y León, con el agravante de que las plantillas de nuestra Comunidad son de las más envejecidas".
Plazas vacantes por centros penitenciarios
En el centro penitenciario de Ávila hay 30 vacantes, en Burgos 51, en León 74, en Palencia (Dueñas) 53, en Salamanca (Topas) 126, en Segovia 40, en Soria 35 (sin olvidar que la nueva prisión permanece cerrada por falta de oferta para contratar personal), y en Valladolid 36.
CSIF Castilla y León también ha trasladado al nuevo responsable de Instituciones Penitenciarias la necesidad de abordar ya las mejoras retributivas, que se vienen demandando desde hace meses, y "que llevó incluso a un encierro de delegados de nuestro sindicato en Madrid". Estas mejoras pasan por la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña, o subidas en algunos niveles y en el complemento D7 para el personal laboral.
En el escrito entregado por CSIF a Ángel Ortiz, se demanda también una reclasificación de los internos acorde a los centros, que evitará agresiones. Los concursos de traslados anuales con un baremo negociado; el rechazo a la externalización de trabajos (limpieza, mantenimiento, seguridad) y su cobertura por empleados públicos; el impulso de la prevención de riesgos laborales; o la recuperación de las horas en la limpieza de las oficinas de las cárceles (reducidas en un 50% por la crisis), son otras reivindicaciones.