Desde que el desarrollo de las redes sociales ha sustituido las noticias de los medios tradicionales de comunicación convirtiendo las mentiras y los cotilleos en verdades absolutas la ira ciudadana se ha canalizado a través de ellas.
No pasa día sin que surja alguna persona con razón o sin ella que pida firmas para anular o rechazar tal o cual cosa de la política española, incluyendo las acciones del Gobierno, la justicia, o la política internacional.
Cada españolito tiene una solución para cualquier problema sea este simple o complejo, esto ha sucedido siempre en el bar mucha gente resolvía expeditivamente los asesinatos de ETA, la pobreza infantil o los problemas económicos . Claro que antes muchas de esas tonterías quedaban circunscritas a la charla de bar sin mayor trascendencia pública, pero ahora se amplifican, se convierten en virales gracias a las redes sociales y entonces generan en masas de personas la necesidad de exigir a las autoridades que hagan suyas esas propuestas, en muchos casos disparatadas, y las lleven a cabo. De lo contrario, la culpa de que no se resuelvan los problemas la tienen los políticos, el Gobierno que está corrompido y no cumple las decisiones de la ciudadanía.
Se habla mucho de que hemos entrado en la era de la postverdad, eufemismo para denominar las mentiras, pero quizá lo más grave es que las Instituciones públicas, Ayuntamientos, Tribunales, Gobiernos o políticos de cualquier signo se han convertido en una especie de tiro al blanco, un pim, pam, pum cada vez que algún suceso mediático sacude a la opinión pública.
Inmediatamente se afilan las hachas vía redes sociales para exigir la resolución urgente del problema que se ha conocido. El ruido mediático intenta no solo condicionar la acción de los Gobiernos y los partidos políticos, sino también la Justicia y otras instituciones públicas. Se desconfía de la Justicia y de los Jueces, se niega el pan y la sal a los Gobernantes, todo ello en aras del cumplimiento de lo que las masas enardecidas han dictaminado a través de las redes sociales o en manifestaciones o concentraciones ciudadanas.
Es fundamental destacar que en una democracia representativa, las manifestaciones o concentraciones públicas no pueden sustituir los votos emitidos en las urnas, por muy numerosas que sean esas manifestaciones ciudadanas. Igualmente, los miles de gritos en formato tuit no pueden condicionar la acción gubernamental o tampoco la acción de la Justicia a través de los Tribunales.
Se puede y se debe discrepar de las decisiones tomadas por Gobiernos, políticos o Jueces pero eso no significa que puedan ser linchados públicamente cada vez que una sentencia o decisión gubernamental no nos satisfaga.
Insisto en democracia se tienen que cumplir las leyes, todas las leyes y las decisiones judiciales aunque no nos guste porque las leyes son la expresión de la voluntad mayoritaria del país expresada en el Parlamento y ejecutada por los Tribunales de Justicia. Todo lo demás es intolerancia, demagogia y populismo vanal y tóxico.