Un informe del Tribunal de Cuentas desvela multitud de irregularidades cometidas por UGT, CCOO y las organizaciones patronales
Las distintas Administraciones Públicas tienen encomendado, según el artículo 40.2 de la Constitución Española, uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
En la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), diceexistirá una fundación cuya finalidad será promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
· Para dar cumplimiento al objetivo de esta Ley, fue creada en el año 1999 la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
En el principal órgano de esta fundación, que es el Patronato, están representadas las Administraciones Central y Autonómicas y las organizaciones empresariales (CEOE-CEPYME) y sindicales (UGT y CCOO). Estas Organizaciones empresariales y sindicales tuvieron mayoría hasta septiembre de 2015 en dicho Patronato.
El Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalización de las subvenciones concedidas entre 2012 y 2015 a través de esta fundación en la que se puede comprobar que la Fundación ha actuado de manera presuntamente ilegal, con el silencio cómplice de las distintas Administraciones Central y Autonómicas, salvo la CA del País Vasco que recurrió a la justicia las convocatorias 2008-2013 y condeno a la Fundación al pago de 970.422.70 ?, por incumplimiento de la legislación vigente.
Tras realizar un estudio en profundidad de este informe, CGT quiere informar a los ciudadanos de Castilla y León, de las pruebas y evidencias que demuestran:
· Un presunto desvío de estos fondos a la financiación de gastos de estas organizaciones.
· La posible existencia de un reparto previo del importe destinado a cada convocatoria.
· En muchas de las acciones, no se justificó documentalmente la realización de las jornadas (al no aportar el control de asistentes) ni el material distribuido en las mismas.
· Contratación de personal temporal para impartir jornadas de prevención de riesgos laborales, sin ninguna cualificación en prevención de riesgos laborales.
· Subcontratación de acciones con determinadas empresas, sin solicitar presupuestos alternativos.
· Tampoco se han hayan cumplido las recomendaciones del anterior Informe del Tribunal de Cuentas, ejercicio 2006
En este Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, en repetidas ocasiones, deja muy claro que:
· La principal irregularidad es el baremo de valoración, donde en la mayoría de los casos no se ajustaban a todos los principios de gestión (publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación).
También se señala que este baremo está diseñado para que:
Únicamente tengan acceso a la financiación de las acciones las asociaciones empresariales y las dos organizaciones sindicales mayoritarias (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO)
El reparto de las subvenciones, con un monto total de 78.600.000 ? (2012-2015), parece, según manifiesta el Tribunal, que está pactado de antemano, dado que las organizaciones empresariales y sindicales son juez y parte en esa Fundación.
· Total fondos aportados en subvenciones 2012-2015 78.600.000 ?
· Fondos asignados aproximadamente a UGT 19.600.000 ? (25 %)
· Fondos asignados, aproximadamente a CCOO 19.600.000 ? (25 %)
· Fondos asignados a CEOE-CEPYME 39.400.000 ? (50 %)
CGT no sólo no está de acuerdo con la captación de fondos públicos realizada por diversas organizaciones sindicales sino que tampoco puede permanecer callada ante la presunta malversación de fondos públicos y el más que posible amaño de la asignación de las subvenciones, provocando a su vez la falta de eficiencia y eficiencia en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y trabajadoras de España y de Castilla y León.
CGT valorará la posibilidad de acudir a la Fiscalía para que investigue estos hechos.
CGT siempre defenderá lo público, lo común
CGT Castilla y León