(Memorial en el cementerio de Salamanca. Asociación "Salamanaca, memoria y justicia")
16 de abril pasado salió por fin en el BOCyL el decreto 8/2008 "de la Memoria histórica y democrática de Castilla y León".
En rueda de prensa, al anunciarlo, el consejero y vicepresidente de la Junta, Sr. de Santiago Juárez, señaló que "algo se tenía que haber hecho muy mal" para que, a estas alturas, aún estén por rescatar tantas víctimas de la Guerra civil yacentes en fosas comunes dispersas por toda nuestra comunidad. En este decreto la Junta promete ayuda a las familias y asociaciones en este ámbito, a la vez que crea un Consejo consultivo que promueva actividades relacionadas con la Memoria histórica.
Estas declaraciones honran al Sr. de Santiago en lo que tienen de autocrítica y de asunción de responsabilidades, máxime dentro de un partido que hasta ahora ha dado la espalda a este problema y que no ha ahorrado expresiones displicentes, cuando no injuriosas, hacia los familiares de las víctimas.
Dicho eso, en efecto, mal se han hecho las cosas. Y tarde. En 2002 el congreso de los diputados condenó por vez primera el régimen franquista y a la vez pidió al gobierno que tomara medidas para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura, así como a sus familiares y a los exiliados. También se planteaba la ayuda para la recuperación de los restos de los desaparecidos. Eso ocurría 27 años después de la muerte del dictador y a 63 del final de la guerra.
Pues bien, todavía tuvieron que pasar cinco años más para que saliera una ley de memoria histórica que, con todas sus limitaciones, empezara a hacer frente a las demandas de la memoria histórica democrática. No duró mucho: otros cinco años después el gobierno de Rajoy la puso en suspenso. Mientras, la reacción local ha permitido la pervivencia de monumentos y símbolos fascistas en muchos lugares, que se sólo se han retirado velis nolis por decisión judicial. En Castilla y León el mismo Sr. de Santiago que ahora impulsa el decreto ya en 2004 anunciaba su voluntad de ayudar a las asociaciones memorialistas, sin que sepamos qué impedimentos han retrasado catorce años su plasmación.
Esta historia sería muy lamentable si no fuera porque la sociedad civil ha respondido bien a esta problemática: se da el caso de que Castilla y León es la comunidad donde, gracias al trabajo de voluntarios y familiares, más fosas comunes se han exhumado de toda España: unas 220, un tercio del total, para el periodo 2000-2017. (Y no olvidamos que se hicieron bastantes exhumaciones durante la transición e incluso durante la dictadura). Y, a la vez, se han realizado homenajes y actos públicos, se han publicado investigaciones y documentales, erigido memoriales, etc.
Todo ello sería indicativo de una sensibilidad moral y cívica por parte de los ciudadanos que hasta ahora se ha echado en falta en sus representantes políticos y, por qué no decirlo (pues es el meollo de la cuestión), en muchos de sus votantes, aún vinculados anímicamente a un pasado gris y opresivo.