El llamado "mástergate" está poniendo al descubierto aspectos de la vida profesional y social conocidos por todos, pero nunca aireados con el vigor y claridad que están saliendo ahora a la palestra pública, sin que se haya detectado en el encefalosocial ciudadano onda alguna que exprese irritación colectiva, alteración en el estado anímico del pueblo o muestra de excitación previa al infarto social, por obstrucción de las vías de comunicación que alimentan la libertad personal de opinión, denuncia y expresión.
Parece ser que el temor a represalias por delatar conductas deshonestas, es una de las razones de la bochornosa falta de control interno habido en la Universidad Rey Juan Carlos, porque son muchos los profesores que han tenido miedo a denunciar lo que era vox pópuli entre todos los miembros de la comunidad educativa, según declaraciones hechas por la veintena de docentes que firmaron el famoso manifiesto.
Al parecer, ese miedo a denunciar el atropello moral habido, se debe a que la subsistencia de muchos formadores depende de jefes indecentes, porque el puesto de trabajo de tales profesores "asociados", "interinos" y "visitantes" es arbitrario, y está a merced del mandamás de turno, al que deben sumisión y obediencia, virtudes situadas a la cabeza del ranking laboral universitario, cuando el trabajo depende del capricho del patrón y no de la competencia personal del empleado.
Lo grave de tal situación es que no es patrimonio exclusivo de dicha Universidad, porque si así fuera bastaría con echarla abajo como propuso en su día el profesor García Calvo con la Universidad de su tiempo, sino que se trata de una pandemia laboral que se expande como mancha de aceite por muchos otros ámbitos de la administración pública, como sucede con los asesores personales de los políticos, que deben ser expertos en flexiones de tronco al capataz de turno; o los privilegiados acomodados en poltronas por libre designación; o los eventualmente interinos y contratados; o los funcionarios que gozan de digitales comisiones servicio en hospitales, centros educativos, oficinas y servicios del Estado.
A ese miedo se suma el temor a sanciones, multas y cárceles que se extiende entre columnistas, cantantes, periodistas, manifestantes, churreros, pitonisas, acomodadores, fruteros, trapecistas?, que se autocensuran las denuncias, críticas y opiniones que pudieran hacer en esta sociedad laboral del miedo, donde el alimento de los hijos puede depender del silencio, aplauso y sonrisa dedicada al mayoral que reparte contratos a cambio de gafas opacas, tapones auditivos y mordazas.