Tras el ataque mortal de varios perros a un hombre, el 26 de febrero de 2017 en Santa Marta de Tormes, se han detectado irregularidades al examinar la raza y documentación de más de 1.000 animales en Salamanca y en otras provincias
A raíz del homicidio imprudente ocurrido el 26 de febrero de 2017 en un camino rural del término municipal de Santa Marta de Tormes, en el que varios perros de razas potencialmente peligrosas, documentados como no peligrosos, atacaron violentamente a un hombre hasta acabar con su vida, la Sección del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca inició una serie de investigaciones sobre el control administrativo y documental de este tipo de ejemplares.
La denominada "Operación Maxil" se ha centrado en la correspondencia entre las características raciales observadas en los animales controlados y los datos cumplimentados en la documentación para su legal tenencia; así como la correcta grabación de todo ello en la aplicación informática del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL) (operaciones efectuadas por los veterinarios colegiados habilitados);al igual que las condiciones de sanidad y bienestar animal de los canes.
De este modo, se pudieron constatar falsedades en la cumplimentación de los documentos citados, en particular del factor racial y las características de perros peligrosos y sus cruces. Así, hacían constar otras razas no catalogadas como peligrosas, incumpliendo la normativa vigente; "con la única finalidad de exonerar de forma fraudulenta a los titulares de los animales del cumplimiento de los requisitos para la legal tenencia de animales potencialmente peligrosos", explica la Guardia Civil.
En total, se ha investigado la raza y documentación de más de mil animales en Salamanca y en otras provincias, encontrando irregularidades que han desembocado en la puesta a disposición judicial, en calidad de investigados no detenidos, de nueve veterinarios colegiados en la provincia de Salamanca, como presuntos autores de delitos de falsedad de documento oficial.
La vigente Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su Reglamento de desarrollo, obligan al poseedor del animal a la obtención de Licencia administrativa, para la cual son requisitos: acreditar la aptitud psicológica, tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y carecer de antecedentes penales. Además, los animales deben ser controlados en todo momento en los espacios públicos, mediante la utilización de bozal adecuado y la sujeción con correa o cadena de menos de dos metros.