Lo que le sucede al nuevo símbolo del Partido Popular cuando toma decisiones en nuestra provincia. Retortillo.
En estos momentos seguramente todos los funcionarios municipales del Servicio Jurídico, porque supongo que no habrá nadie ajeno al Ayuntamiento, trabajan a destajo (espero que sin necesidad de horas extras) para solventar el problema originado con la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dice en su última página "declaramos la nulidad del procedimiento de licitación que se anunció en el BOP de Salamanca de 15 de noviembre de 2013". Aunque estima en parte los recursos del Ayuntamiento y la actual Concesionaria, en realidad nos retrotrae al momento anterior de la actual concesión, que no es válida lógicamente.
Desde luego un servidor no pondrá nunca en duda la capacidad de los funcionarios municipales, que honradamente han conseguido sus puestos de trabajo. Contamos con excelentes profesionales al servicio de la ciudad que realizan como mejor saben y con calidad (y espero que con los medios adecuados) su actividad. Claro que con 439 plazas de empleo público municipal vacantes supongo que todo es más complicado. El problema de la continua anulación judicial de decisiones municipales no estará nunca en los funcionarios. Está en la toma de decisiones que realizan los políticos que gobiernan esa institución, más que nada porque para eso se quieren poner ahí. Políticos, recuerdo una vez más, elegidos por la ciudadanía salmantina. Por cierto, licenciados en derecho varios de ellos, y alguno con décadas de experiencia en la administración (por ejemplo, el Portavoz lo es desde 1995).
Recordemos que todas las normas las elaboran, aprueba y publica la Administración en sus diversos niveles, regidas por quienes la ciudanía pone en las correspondientes elecciones. Independientemente del partido que gobierne, lo escrito puede ser interpretable hasta cierto punto, pero dudo mucho que pueda llevar al cúmulo de errores que acompaña habitualmente a las decisiones del Ayuntamiento Popular de Salamanca. Sigo sin comprender como a nadie en la Justicia no le llama la atención eso, ahora que son tan sensibles, e investigar qué ocurre en este Ayuntamiento, en especial en materia de contratación. Quizás sea porque no utilizan las redes sociales para ello.
Es legítimo que un servicio público lo gestione una entidad privada, según la ley, pero no es rentable para los intereses de todos, como demuestra la experiencia. La empresa privada no hace las cosas por amor al arte, tiene derecho a ganar dinero. Y una Administración no puede ser una mera máquina de cuentas que reparte el presupuesto municipal entra las concesionarias, implícitos los beneficios (o incluso para camuflar "impuestos" como ocurre con el agua en nuestra ciudad). En este caso no sé para qué la necesitamos.
A la vista de lo sucedido en España, donde abundan casos de despilfarro y corrupción a los que no resulta ajeno esa fórmula de gestión, parce haber llegado la hora de volver a ver trabajadores municipales ocupándose de nuestros servicios públicos. Y no hay motivo para que pierdan calidad, en realidad hay casos que demuestran precisamente lo contrario. Además seguramente resultarán más baratos, por lo que nuestro presupuesto municipal servirá para hacer más cosas buscando una mejor calidad de vida para todas las personas que habitan nuestro municipio. Que magnífica ocasión para rescatar esta concesión a coste 0 (como los aparcamientos subterráneos que concesiona el Partido Popular gobernante en el Ayuntamiento).