Denuncian agravios económicos en relación a otras comunidades y un empeoramiento de las condiciones laborales
Los funcionarios de Justicia, que se han vuelto a manifestar a las puertas de los Juzgados de Colón, han anunciado que seguirán con las movilizaciones si el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no se sienta a negociar. Actos de protesta que pueden culminar en una huelga -podría ser el 22 de mayo, sumándose así a la prevista por jueces y fiscales, -de no avanzar en las reclamaciones que piden los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ.
Las negociaciones que reclaman los funcionarios de Justicia pasan por reclamar el complemento específico y la equiparación salarial con los funcionarios de otras comunidades con las competencias transferidas en esta materia, "con diferencias de hasta 500 euros".
A las reivindicaciones económicas se suman otras laborales, relacionadas con el día a día de los juzgados. Los sindicatos denuncian los reiterados problemas con el expediente electrónico o la implantación de la oficina judicial y fiscal. Los trabajadores de Justicia exigen la paralización del expediente digital en las ciudades en las que no se ha puesto en marcha "ante los problemas que está ocasionando".
En este sentido, afirman que sus condiciones laborales han empeorado "muchísimo" al asignarle más funciones con el nuevo expediente fiscal o con la oficina fiscal y judicial. "Lo siguen implantando a pesar de lo mal que funciona", lamentando la imagen que se ofrece de los funcionarios de que "vivimos muy bien, ganamos mucho y trabajamos muy poco". Para los funcionarios, la realidad "es totalmente diferente, porque somos uno de los grupos que más hemos sufrido las consecuencias de la crisis".