Profesor de Derecho Penal de la Usal
La deriva moral y racional que está sufriendo el gobierno de M. Rajoy y el partido político que lo sustenta (PP) en los últimos tiempos, es digna de estudio por parte, no sólo de politólogos, juristas y sociólogos, sino también por especialistas en las ciencias de la conducta.
Conscientes del descenso de apoyos electorales entre la ciudadanía por varios temas relacionados con su gestión política; 1), en lo económico, ultra liberal, que promovió una reforma laboral en la que sí ha descendido el desempleo, pero con unas condiciones laborales precarias y sueldos miserables, lo que provoca, entre otras cosas, que haya graves desequilibrios económicos entre los más poderosos (cada día más ricos) y las clases más humildes (cada vez más pobres). Esto, a su vez, ha provocado que la hucha de las pensiones haya desaparecido y que los pensionistas se pongan "en pie de guerra" porque sus rentas han perdido poder adquisitivo y no se garantizan las pensiones públicas para el futuro, como debe hacer un Estado Social y Democrático de Derecho y, 2), en lo social, este gobierno de M. Rajoy ha descendido el gasto público en políticas del denominado "Estado del Bienestar": ha disminuido las partidas presupuestarias para educación, sanidad, servicios sociales, dependencia e incluso seguridad ciudadana. En cambio, las sube escandalosamente en gasto militar y dedica miles de millones de euros a rescatar bancos y autopistas construidas por y para los ricos y que ahora son deficitarias.
Debido a todo esto, aprovechan descaradamente cualquier oportunidad que se les brinda para intentar recuperar el electorado perdido con políticas rastreras y miserables, aprovechando el dolor de las víctimas, para trasladar a la opinión pública que los únicos que están a favor de las víctimas de los delitos son ellos, porque han introducido penas como la prisión permanente revisable para delitos muy graves y existen otros partidos que las quieren derogar. Con ese mensaje populista y demagógico intentan transmitir a la opinión pública que todos los demás, los que quieren derogar este tipo de penas, están en contra de las víctimas y, entre líneas trasladan (aunque no lo digan expresamente) que "los otros" están a favor de los delincuentes y no de las víctimas. Ya se sabe, la dialéctica amigo-enemigo, es decir, si no apoyas lo que digo estás contra mí y tengo que eliminarte del tránsito social me dan igual los medios, con tal de conseguir el fin pretendido. El portavoz socialista que ha intervenido en el debate sobre la tramitación parlamentaria para la derogación de la prisión permanente revisable que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados ha sido muy elocuente al afirmar que sin la prisión permanente revisable se terminó con la banda criminal ETA y con esta pena en vigor se ha asesinado vilmente al niño Gabriel hace unos días.
Los ciudadanos tienen que saber que para proteger a la sociedad contra el crimen, para evitar los delitos, es mejor trabajar en políticas de prevención que en incrementar desproporcionadamente las sanciones penales. Y eso, justo eso, es lo que no ha hecho el gobierno de M. Rajoy durante estos años; porque como he tenido la ocasión de demostrar en otros artículos en este medio, el gobierno ha recortado drásticamente los presupuestos para educación (derecho fundamental de los ciudadanos que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, como reza en el artículo 27 de la Carta Magna y que forma parte de las políticas preventivas más eficaces en la prevención del delito), en sanidad, servicios sociales y dependencia (que corrigen los desequilibrios sociales y eliminan los focos de marginalidad social, que también son germen de delincuencia), en seguridad ciudadana (hay menos policías y guardias civiles que cuando el PP accedió al gobierno). Este drástico recorte en políticas publicas tan importantes tiene mayor impacto en el descenso de la prevención del delito que el que no se incrementen desproporcionadamente las penas en el Código Penal. Ya se sabe, "la mejor política criminal es una buena política social"
Para colmo, han sido tolerantes con la corrupción política (el PP está podrido de corrupción). Hace unos días nos hemos enterado que el juez del caso Bárcenas ha conectado la presunta corrupción del PP nacional con el PP madrileño y el valenciano. También hemos conocido que cierto empresario (uno más) , el gerente de la Waiter Music, ha declarado que pagaba mítines al PP a cambio de adjudicaciones públicas (entre ellas, un contrato de Rodrigo Rato) y también que pagó la fiesta de celebración de la comunión de un hijo de la ex alcaldesa de Algete (Madrid), Inmaculada Juárez, que luego ha sido asesora de la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Este gobierno (que ha perdido claramente el juicio y la sensatez), acusa a los disidentes, a los que no comulgamos con una pena como la cadena perpetua revisable (también, por tanto, a los más de cien catedráticos de Derecho Penal de las universidades españolas, mayoría cualificada que han firmado un manifiesto en contra de esta pena), de haber enloquecido, cuando lo que se defiende es la racionalidad, el sentido común y lo que consideran adecuado y necesario los auténticos expertos en Derecho Penal y Penitenciario sobre la materia.
Siendo así, preferimos estar en esta locura de la que nos acusan que en su insensata cordura, parafraseando al célebre cantautor argentino (Facundo Cabral), puedo decir que "estoy feliz de estar loco y no pertenecer al mundo de los cuerdos que estafan desde los bancos, que mienten desde los templos y matan en nombre de la patria".