CIUDAD RODRIGO | El PP reclama al tripartito que dé explicaciones completas sobre el proceso
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido autorizar una ocupación forzosa de terrenos ubicados en el agregado mirobrigense de Pedrotoro en busca de restos de víctimas mortales de la Guerra Civil, tras no haberse llegado a un acuerdo amistoso con los propietarios de esos terrenos, según expone el Partido Popular en una nota de prensa en la que reclaman la información completa sobre el proceso.
Concretamente, el Consistorio ha iniciado los trámites para permitir una ocupación de la finca La Rad (en dirección a Tenebrón), donde ya se llevaron a cabo excavaciones durante el verano del año 2012, exactamente en el denominado Valle del Lagar (donde se cree que hay una fosa), con la participación de dos arqueólogos de la provincia de Salamanca, y cinco arqueólogos y 13 estudiantes de esta disciplina de la Universidad Autónoma de Madrid.
La excavación la impulsó la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, tras recoger el sentir de los familiares de las personas que se cree que están allí enterradas. Según lo que se había podido averiguar a través de testimonios, esas personas fueron sacadas de la cárcel del Partido Judicial de Ciudad Rodrigo, fusiladas en la finca de Rávida, y posteriormente enterradas en la finca La Rad.
Sin embargo, aquella búsqueda del año 2012 duró poco tiempo. Tal y como recordaba el historiador Ángel Iglesias Ovejero en su serie Croniquillas y Necrologios (http://salamancartvaldia.es/not/130053/familias-elegidas-para-sacrificio-saca-16-octubre-fosa-valle/), los dueños de los terrenos, "al cabo de unos días de iniciados los trabajos, aprovecharon un día festivo para poner un candado a la entrada de la propiedad y ya no se pudieron reanudar".
En aquel momento, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia reclamó ante los tribunales, que decretaron que debía ser la autoridad administrativa y no la judicial la que resolviese el desencuentro entre los propietarios de los terrenos y los familiares de víctimas que estaban buscando los restos (hay que recordar que según la Ley de Memoria Histórica estas excavaciones se pueden llevar a cabo si hay indicios de que existen restos).
Esto hizo que el tema llegase al salón de plenos del Ayuntamiento, donde se aprobó (con los votos a favor de PSOE e IU, y la abstención del PP) que el Consistorio interviniese en el asunto para llegar a una solución. En aquel Pleno, el propio alcalde Javier Iglesias se ofreció a mediar y a celebrar las reuniones que fueran necesarias ("si puedo echar una mano, la echaré"), pero las excavaciones nunca se reanudaron.
A lo largo del año 2017, el asunto volvió a aparecer en escena, preguntando el Partido Popular por el mismo en el Pleno Ordinario celebrado el pasado mes de noviembre, respondiendo el teniente de alcalde Domingo Benito que el Ayuntamiento estaba "mediando" al no llegar a un acuerdo los dueños de los terrenos y los familiares de las víctimas cuyos restos están en principio en esa fosa.
Tras aparecer a finales de febrero en El Norte de Castilla la noticia de que se habían iniciado los trámites para autorizar la ocupación forzosa, el PP volvió a preguntar en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior de la jornada del miércoles, ya que el asunto "no ha pasado de oficio "por ningún órgano en el que la oposición municipal tenemos representación".
Los populares consideran que con una ocupación forzosa de por medio se debe informar a los mirobrigenses, "a los que no se les ha comunicado con toda la transparencia debida esta decisión municipal", considerando que "sólo traslada a la opinión pública lo que les interesa". El PP espera que se les facilite el expediente donde se recojan las decisiones y autorizaciones adoptadas y las actuaciones que se van a llevar a cabo en la mencionada finca de Pedrotoro.
Conocida la nota de los populares, el teniente de alcalde Domingo Benito manifestó a los medios de comunicación en la noche del jueves que hasta el momento el asunto no ha pasado por ninguna comisión porque "el trámite que se ha hecho es el de la apertura del expediente; estamos en una fase de elaboración de informes técnicos y recopilación de información" según marca la Ley de Memoria Histórica. Una vez esa documentación esté completa, "se podrá tomar una decisión en el órgano municipal que corresponda".
Domingo Benito expone que en la Comisión de Hacienda del miércoles se indicó a las dos ediles del PP asistentes que "tenían acceso al expediente completo si lo deseaban", añadiendo que "no me consta que lo hayan solicitado ni estudiado, por lo que las dudas que se pretenden sembrar sobre si pueden acceder o no al mismo son otro burdo intento de manipulación".