Esta normativa estatal modificará sustancialmente la gestión y tratamiento de los datos personales que llevan a cabo las empresas
A partir del 25 de mayo, entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la nueva normativa estatal que modificará sustancialmente la gestión y tratamiento de los datos personales que llevan a cabo las empresas.
Su inminente llegada ha supuesto una inquietud y un reto añadido para el 75% de las pymes salmantinas, según el estudio de la tecnológica Senzing recogido por elempresario.com, quienes deberán adaptarse en poco más de dos meses y medio a esta nueva realidad.
Por ello, la patronal salmantina CONFAES busca resolver todas las dudas del empresariado provincial organizando la jornada informativa 'Protección de Datos: ¿Cómo adaptarse a la nueva normativa?'. Será este jueves 15 de marzo a las 18:00 horas en su sede de la Plaza de San Román, en colaboración con las empresas Novadelta Gestión y Destruges.
Un repaso didáctico que se centrará, en primer lugar, en los numerosos cambios que el RGPD establece para los datos empresariales y qué medidas deben adoptar las pymes en su cumplimiento: el consentimiento en la recogida y uso de los datos y las nuevas obligaciones a incluir en las advertencias legales, los nuevos derechos, las evaluaciones de impacto y el análisis de riesgos, la designación del delegado de protección de datos, etc.
Posteriormente, se mostrará a los empresarios asistentes un ejemplo proactivo: cómo destruir con garantías la información confidencial que las empresas acumulan en sus ficheros.
En el año 2017, la Agencia Española de Protección de Datos recibió más de 10.000 denuncias por un mal uso o tratamiento de los datos personales. Con la llegada del RGPD, las sanciones económicas de esta agencia aumentan considerablemente.
No se dividirán como hasta ahora en niveles (leve, grave y muy grave) con sanciones de 900 a 600.000 euros, sino que tendrán dos tipos dependiendo de los artículos vulnerados. Las más bajas supondrán una sanción de 10 millones de euros o el 2% del total del volumen del negocio total anual y las más altas ascenderán a 20 millones de euros o un 4% del volumen de negocio total anual de la empresa sancionada.