Profesor de Derecho Penal de la Usal
El presidente del gobierno M. Rajoy, ha vuelto a generar discordia por sus más que desafortunadas declaraciones en una emisora de radio, cuando el entrevistador le pedía su opinión sobre la desigualdad salarial existente entre hombres y mujeres que desempeñan puestos de trabajo de similares características laborales y técnicas. M. Rajoy dejó claro que los gobernantes "debemos ser muy concretos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias". Además, le espetó al presentador del programa que "no nos metamos ahora en eso". Según esto, asume que las desigualdades salariales, en beneficio de los hombres y en perjuicio de las mujeres, es algo normal.
Estas declaraciones son un ejemplo más del sometimiento del poder político del gobierno español al poder económico y lo peligroso que esto es para la gestión adecuada de los intereses generales de la colectividad y el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho y que, por otra parte, reconocen y garantizan las constituciones políticas de los mismos. Los gobernantes de un Estado moderno, avanzado y serio, tienen que intervenir en los procesos económicos para corregir las desigualdades sociales, erradicar la pobreza y fomentar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, básicos y esenciales de la comunidad y a las políticas de bienestar social.
El gesto de M. Rajoy evidencia un escaso interés en la lucha contra la discriminación sexual en el ámbito laboral que, por desgracia, sigue existiendo en España. Y demuestra, también, la falta de iniciativas legislativas. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha sido un buen punto de partida y, como está ocurriendo en otros países (Islandia, Alemania o Reino Unido), España debería estar trabajando en la aprobación de medidas legislativas que igualen salarios y oportunidades entre ambos sexos. Por su parte, también la Comisión Europea ha emitido una Recomendación a los estados miembros de la UE, en 2014, para atajar la desigualdad salarial.
En un Estado de Derecho, el poder político no puede ser un mero instrumento del poder económico, ser cautivo de él, estar a su servicio y dirigir la acción política conforme a sus intereses. La consecuencia de ello, por desgracia, la estamos sufriendo los españoles no sólo con una legislación realizada por el poder político que se inclina claramente por los intereses económicos de los empresarios y banqueros (ejemplos paradigmáticos son, por una parte, la normativa laboral, que permite condiciones laborales pésimas que cada vez tienen menos en cuenta los derechos de los trabajadores y salarios de miseria y por otra el rescate a la banca con dinero público, dinero de todos los contribuyentes), sino también en los múltiples casos de corrupción política y económica que actualmente se están sustanciando en los tribunales de justicia.
Los casos de presunta financiación ilegal del PP, de la caja B, de Bárcenas y Gürtel, de Lezo, Púnica y los innumerables procesos penales de Madrid, Valencia, Baleares o Murcia, con el PP, apuntan precisamente en esa dirección. Las empresas aportan cantidades ingentes de dinero negro en comisiones ilegales a partidos políticos y cargos públicos con capacidad decisoria, con el fin de que sean adjudicatarios de contratos en las administraciones publicas, de obras, servicios o de cualquier otro tipo. Con ello, el poder político está adjudicando contratos de servicios públicos no por criterios técnicos (que son los que deben priorizarse siempre según la legislación de contratos de las administraciones publicas) sino por otros que son claramente ilegales, además de ética y moralmente reprobables y perversos. Con ello se está prevaricando, malversando dinero público y priorizando el tráfico de influencias, además de innumerables delitos relacionados con la corrupción política y económica.
En situaciones normales y en cualquier país democrático medianamente decente, estos hechos gravísimos hubieran provocado la caída de cualquier gobierno. Parece que en España no. Lo peor de todo no es sólo que no caiga el gobierno de turno que ha sido cómplice con estas prácticas , sino las terribles consecuencias que puede acarrear para la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos españoles y la pésima imagen y ejemplo que damos a nuestros niños y jóvenes, que interiorizarán que para acceder a puestos de poder político es mejor saber utilizar las prácticas corruptas que aporten exclusivamente beneficios para sí, sus familiares y amigos, que anteponer siempre los intereses generales de la colectividad como norte de actuación del auténtico servidor público.