El presidente de Salvar el Archivo se ha reunido con el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y asegura que se comprometió a realizar las gestiones oportunas
"Solo quedan 10 días para que Soraya Sáenz de Santamaría decida si devuelve los documentos a Salamanca, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional y tal como ya se había pronunciado el Gobierno con anterioridad, o deje pasar la oportunidad de cumplir la Sentencia, y los documentos continúen en Cataluña". Son palabras de Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar al Archivo de Salamanca.
En su opinión, "es impensable que el Gobierno no evite una gran injusticia como es el robo de parte del archivo por parte de la Generalitat. Mientras dura el 155, la vicepresidenta deberá cumplir lo que Puigdemont no hizo. Solo así acabará el dolor producido a las familias afectadas".
Apoyo del alcalde de Salamanca
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, hablaron el pasado 5 de diciembre "para que los documentos ilegalmente en poder de la Generalitat de Cataluña retornen al Archivo de todos los españoles, con sede en la ciudad de Salamanca", asegura Policarpo Sánchez.
Según este último, "Fernández Mañueco se comprometió a realizar las gestiones oportunas con el Gobierno de España para que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional". Como señala el presidente de Salvar el Archivo, "si se quiere, se puede", en relación a devolver los documentos "tal como manda la Justicia, pide el Senado y reclama la sociedad", explicaba Sánchez.
Ese mismo día, Policarpo Sánchez envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que informe sobre la fecha exacta en que ordenará la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca. Le recordó que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha remitido a la Generalitat de Cataluña cinco cartas reclamando el cumplimiento de la Sentencia, sin que ninguna tuviera respuesta. Nadie podría comprender que mientras se mantenga en vigencia el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, el Gobierno de España no cumpla lo que exigió cumplir a la Generalidad de Cataluña.