El derecho de asilo, uno de los fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido insultado y despreciado por el Parlamento español en multitud de ocasiones, la penúltima el pasado 8 de noviembre, cuando el Senado rechazó la propuesta de reforma de las leyes que hacen posible las llamadas devoluciones en caliente de extranjeros que pretenden entrar en España.
Las leyes de Extranjería y de Seguridad Ciudadana, aprobadas por las mayorías reaccionarias de este país, además de ser conocidas como las más represivas y coercitivas del mundo occidental, constituyen respecto a los derechos de asilo, acogida, amparo o protección de derechos de extranjeros, normas cuya inhumanidad hunde en la vergüenza tanto a las instituciones españolas como a cada uno de los ciudadanos de este país que tienen que avergonzarse de los rechazos, persecuciones, devoluciones o internamientos ilegales a que son sometidas personas cuyo único "delito" consiste en intentar traspasar las fronteras de un estado que sigue llamándose a sí mismo democrático.
Las expulsiones "en caliente", los rechazos indiscriminados y los obstáculos de acceso a las oficinas de solicitud de asilo a que son sometidos los llamados inmigrantes indocumentados, han sido condenados sin paliativos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condena que ha recibido por parte de las autoridades españolas, como en otros asuntos que molestan a la clase dirigente de este país, uno de sus acostumbrados silencios jurídicos, un recurso de apaño y enfriamiento y la ayuda de una campaña amarillista y tendenciosa de seudo-información periodística tendente al desprestigio de la Justicia europea y al cuestionamiento rastrero de los mismísimos derechos humanos, táctica con que ya se acostumbra en este país a rechazar oficialmente cualquier cuestionamiento de un chovinismo xenófobo y patriotero, impresentable extramuros.
Un país, dicen, tiene los políticos que se merece y, consecuentemente, los parlamentos que también. Quien esto firma se niega a aceptar que su país carezca de la mínima talla ética que demuestran sus instituciones representativas y los partidos políticos que las integran. El demostrado humanitarismo y solidaridad de los españoles en miles de ocasiones en que se requirió su ayuda, no se hizo esperar nunca, y cumplió con creces, colmando y muchas veces por encima de sus posibilidades, las necesidades de quienes en cada caso lo necesitaban. El pueblo español, reconocido internacionalmente como uno de los más solidarios del globo, no puede merecerse instituciones que rechazan e intentan desprestigiar los derechos humanos y van en contra de las mínimas exigencias éticas de la solidaridad, la igualdad y la fraternidad humanas.
El asilo humanitario, ya sea de tipo político, religioso o de otra clase, es un derecho que debe garantizar cualquier estado que se pretenda democráticamente presentable. El rechazo en caliente de quienes pretenden traspasar las fronteras, sin las mínimas garantías y ni siquiera la imprescindible oportunidad de expresión de las razones de su pretensión, constituye una lacra ética que ensucia las proclamas altruistas, benefactoras o incluso compasivas con que los preámbulos de las leyes que las niegan mienten su intención y ningunean su contenido. Que sean organismos elegidos por los ciudadanos (el Congreso y el Senado) quienes permitan con sus votos esa vergüenza moral, y que haya partidos políticos supuestamente crisol de afanes de mejora social, según sus programas, que muestren un comportamiento inhumano, cruel y egoísta respecto al cobijo, ayuda y protección al extranjero, haciéndolo precisamente en foros donde supuestamente representan a los ciudadanos de su país, el Parlamento, hacen doblemente dolorosas e infinitamente ruines e hipócritas, además de bochornosas políticamente, decisiones como la adoptada por el Senado español el 8 de noviembre rechazando la posibilidad de anular las llamadas devoluciones en caliente.