La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado por unanimidad la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual establece en su capítulo V, artículo 20, entre otras sanciones, penas de hasta 20 años de cárcel para los culpables de promover delitos de odio e intolerancia. La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, remarcó que con ese paso legislativo "Venezuela pone hoy esta Ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales (?). Venezuela quiere ser factor de equilibrio, de preservación del planeta y de la raza humana? Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela, y la convocó el presidente (Nicolás) Maduro (?), para con amor defender una convivencia pacífica, respetando al diverso, respetando al otro, a la otra. Todos estamos llamados a esta nueva espiritualidad", agregó.
Poco importa que la Asamblea fuera convocada de manera violatoria de la propia legislación venezolana vigente el 1 de mayo pasado y que el mecanismo electoral para su configuración rompiera las normas mínimas que regulan que todo proceso electoral respete los principios de igualdad y de universalidad del voto y de equidad en la competición; tampoco interesa que en la cita llevada a cabo tres meses después participara, según datos oficiales, el 41,53% del padrón electoral. Lo sobresaliente pareciera ser la finalidad moral de sus decisiones basada "en la naturaleza y el espíritu del modelo de la revolución bolivariana". Pero no, de lo que se trata es de conservar el poder a toda cosa usando cualquier mecanismo que mantenga en su sitio dirigente a la elite militar que arropa a los sectores revolucionarios profesionales del chavismo que actúan en nombre de un supuesto pueblo que cada vez está más empobrecido.
No importan los hechos. No vale el deplorable estado de la economía venezolana con el índice de inflación más elevado del mundo, el desabastecimiento, el incremento de la desigualdad, la insoportable inseguridad ciudadana. De lo que se trata es del poder. Arrinconar a quien no se alinea en la línea oficial. Congelar la actuación de la Asamblea Nacional elegida en los comicios de diciembre de 2015 en los que, reflejando la pluralidad del país, la dividida oposición se había alzado con una clara mayoría frente al oficialismo. Destituir a la fiscal general Luisa Ortega. Adulterar la reciente cita electoral local mediante el rediseño en el último minuto de las mesas de votación y el control social clientelar bajo la forma del novedoso "carnet de la patria". Y ahora un trágala revestido de superioridad moral, de pretenciosidad autoritaria y de brindis al pensamiento único que dice querer eliminar el odio por decreto cuando el chavismo apadrina a los centauros del encono. Algo que recuerda aquella fantasía liberal del derecho a la felicidad, pero ahora con consecuencias penales que el propio gobierno de Maduro y el aparato judicial que le sirve determinará en tiempo y forma.