Esta es una de las polémicas del momento: en España hay presos políticos, según los secesionistas catalanes. ¿Pero los hay o estamos ante una añagaza de quienes no teniendo razones con que argumentar sus acciones, recurren a la sinrazón del lenguaje aplicado al margen de su sentido propio? Habría que partir del concepto de preso político, precisarlo. Para quien no lo sepa, se aplica la categoría a quien queriendo ejercer derechos fundamentales se le detiene o encarcela por sus ideas y prácticas democráticas. De tal manera que decir que en un país hay presos políticos supone encapsularlo en la galaxia de países no democráticos, autoritarios o totalitarios.
El argumentario independentista catalán se ha construido de este modo. La verdad no importa, los hechos no importan, pero qué más da, de lo que se trata es de endilgar exabruptos contra el contrario para dejarlo sin aire, sin respuesta. En la estrategia separatista, todo vale con tal de obtener resultados prácticos. No es nueva la cosa: en todas las situaciones revolucionarias se ha aplicado semejante método porque lo único que importa es alcanzar la revolución, y en esta tarea discernir entre verdad y mentira es tiempo perdido, humo de pajas.
Es evidente que en España no hay presos políticos. Aquí pueden defenderse las más peregrinas y extremistas ideas políticas, que por esto no vas al trullo. Declararse independentista, reivindicar la separación de Cataluña, escribir artículos o hacer declaraciones en este sentido, no tiene ninguna consecuencia penal. Por lo tanto, en sentido estricto, en España no hay presos políticos. Otra cuestión es que un político no pueda ir a la cárcel: claro que puede, pero porque ha cometido un delito y un juez independiente así lo decide. A lo largo de estos años ha ocurrido con varios. El ministro Barrionuevo fue condenado y pasó un tiempo en ella. Y estos días ha vuelto a hablarse de Ignacio González, presidente de la comunidad de Madrid varios años, y que ha permanecido en prisión provisional varios meses acusado de delitos de corrupción. En ambos casos, y en otros, estos políticos fueron a la cárcel, se trataba de políticos presos, que es cosa bien distinta.
En el caso de los Jordi, sucede lo mismo. La juez Lamela interpretó que ambos eran autores de unos delitos y por ese motivo decretó su prisión provisional sin fianza. Les acusa de haber cometido varios delitos, y por esta razón, no por sus ideas políticas, los encarcela. Son delitos tipificados en el Código Penal, ante los cuales un juez puede detener a un acusado y establecer su prisión provisional, frente a la cual cabe el correspondiente recurso judicial, cosa que doy por hecho habrán realizado sus abogados. No estamos en los márgenes de la arbitrariedad propios de las dictaduras que abocan al surgimiento de presos políticos, aquí existen unas leyes elaboradas y votadas democráticamente por los representantes del pueblo, y cuando estas son violadas por un ciudadano, aunque sea político, este puede ser condenado por un juez, con todas las garantías procesales, e ir a la cárcel.
El fondo de la cuestión es si cabe considerar delito a una acción u omisión penada por la ley pero que tiene un trasfondo político. Cometer por motivos políticos un delito ¿exonera a quien lo hace de su responsabilidad? Evidentemente, no. En España y en cualquier otro país democrático (y el nuestro ocupa uno de los primeros lugares en el ranking correspondiente, desde luego por encima de Bélgica). En este punto se produce, interesadamente, la confusión entre democracia, falsamente entendida como libertad sin límites ni garantías, y democracia en su sentido auténtico que incluye el respeto a la ley, la separación de poderes y el voto popular. Los diputados y senadores elegidos por el pueblo son los que en su día aprobaron el Código Penal vigente, que incluye, entre otros, los delitos de rebelión y de sedición. Estos dos últimos, falsamente, pueden entenderse como delitos políticos, lo que llevaría al desvarío de pensar que los Estados que los penalizan como tales no son democráticos. Cuando es justamente lo contrario: quien se salta la ley aprobada democráticamente, quienes pretenden acabar con el Estado español en su actual configuración territorial por las bravas, están cometiendo un delito gravísimo. Su motivación política, en vez de atenuar su responsabilidad, la agrava, pues implica que se está atentando contra el orden democrático, eso que tradicionalmente se ha llamado alta traición.
¿Presos políticos los Jordi? En absoluto. Más bien, políticos totalitarios que han pretendido acabar con la democracia en España. La palabrería, la logomaquia, de quienes los justifican, pone de relieve que vivimos en un dramático momento, en el que las palabras no representan ya lo que siempre han significado: lo suyo no se llama democracia, se llama golpe de Estado.
Marta FERREIRA