Profesor de Derecho Penal de la Usal
No hay otra noticia en los titulares de prensa, en los informativos radiofónicos y en los telediarios de las cadenas de televisión. No hay otro tema de tertulia en centros de trabajo, en las reuniones de amigos, en los bares y en los mercados. La situación de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la CE son el tupido velo que impide ver la realidad más allá de estos derroteros. Es la situación más caótica, esperpéntica y preocupante que se ha vivido en España en los 40 años de democracia, pero también hay otros asuntos que afectan al Estado de Derecho y del bienestar, que igualmente remueven los cimientos de la convivencia.
No importa que España tenga una población de 13 millones de personas (el 27,9 %) en riesgo de pobreza y de exclusión social -muy por encima de la media europea-, ni que la tasa de paro sea de las más altas de Europa (aunque haya descendido algo en los últimos años), ni que las condiciones laborales y económicas de los nuevos empleos sean precarias y tercermundistas, pisoteando los derechos de los trabajadores, ni que la "hucha de las pensiones" esté prácticamente vacía, no pudiéndose garantizar pensiones "adecuadas y periódicamente actualizadas", como establece el artículo 50 de la Carta Magna, ni que se hayan incrementado las mujeres muertas por violencia de género o los muertos por accidente de tráfico, ni que la ONU le haya dado varias veces ultimátum a España para sacar los muertos republicanos de las cunetas, ni que Europa le saque los colores a nuestro país por incumplir con la cuota de refugiados a la que se comprometió el propio gobierno español.
Y, por lo visto, tampoco importa que el partido político que gobierna España esté implicado en gravísimos casos de corrupción política. Esas son las conclusiones a las que ha llegado la fiscal Sabadell, del caso Gürtel, para quién, tanto Correa como los funcionarios y autoridades políticas del PP "violaron las normas básicas de contratación en beneficio propio, aceptando sobornos, atentando contra el Estado de Derecho". Además estas prácticas se "extendieron y enraizaron" como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y siempre con cargo a los fondos públicos. Prevaricaron violando los deberes éticos con resoluciones injustas a sabiendas. Todo esto se dice en las conclusiones.
Por su parte, el abogado del Estado, Edmundo Bal dice que la trama Gürtel fue un "cáncer de corrupción" y culpa a los acusados diciendo que con sus fraudes fiscales "robaron a todos los ciudadanos". El abogado del Estado pide que las condenas sean ejemplares para que tengan una finalidad preventivo general, es decir, para que sirva de ejemplo a la colectividad y se abstenga de cometer estos repugnantes hechos delictivos cuyas víctimas somos todos los ciudadanos. Los fondos públicos que fueron a los bolsillos de los mandatarios del PP podrían haberse empleado en mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia o la lucha contra la violencia de género, por poner sólo unos ejemplos.
En cualquier país medianamente decente estos hechos gravísimos hubieran provocado la caída del gobierno de turno de forma inmediata. Hace tan sólo unos días el primer ministro de Islandia, el conservador Bjarni Benediksson, renunció al cargo y adelantó la convocatoria de elecciones porque había ocultado que su padre había enviado una carta a algunas autoridades del país para que hicieran una carta de recomendación a un amigo suyo, que había salido en libertad después de cumplir una condena por un delito de abusos sexuales. Este procedimiento es legal en Islandia. Las leyes prevén que cuando un condenado sale de prisión por la comisión de un delito grave y recibe una recomendación de las autoridades puede limpiar su honor y así poder ejercer algunas profesiones, como la abogacía o presentarse a unas elecciones. Es decir, que lo que hizo el padre del primer ministro, es legal. Aún así, el primer ministro renunció, no por el contenido del asunto, sino por ocultar los hechos y la información; hechos que, por otra parte, no lo cometió él, sino su padre.
Y este caso no es el único que ha provocado dimisiones en el gobierno islandés. Hace un año, el anterior primer ministro también renunció y adelantó la convocatoria de elecciones porque le acusaron de estar implicado en el famoso caso de "los papeles de Panamá".
Es cierto que Puigdemont y todo el gobierno de la Generalitat han violado gravemente la legalidad vigente convocando un referéndum sobre la independencia de Cataluña y resistiéndose actualmente a disolver el Parlament y convocar elecciones (esta es la última información que poseo a la hora de cerrar este artículo), pero tampoco es menos cierto que el gobierno del PP también ha vulnerado el ordenamiento jurídico (y gravemente, como matiza la fiscal del caso Gürtel). Pero bueno, mientras siga habiendo "cuestión catalana" no se hablará de otras cosas. ¿A quién perjudica y a quién beneficia?