"Las leyes funcionan cuando la mayoría de la gente cree que son justas. En una democracia, el gobierno sólo funciona si la mayoría de la gente cree que se le dice la verdad y que tiene cierto derecho a la imparcialidad y la justicia"
ENTRE PUENTES
ESTADO LEYES Y DEMOCRACIA (I)
El hecho de que cualquier organización democrática viable conlleva necesariamente una serie de disfunciones que, precisamente por ser inevitables, deben ser aceptadas, lo cual no significa que no se pueda intentar corregirlas, pero siempre dentro de cauces razonables que deben estar regulados (justamente) por ley. Por ejemplo, es prácticamente inviable que cualquier decisión que deba adoptar un gobierno se someta a referéndum. Necesariamente, un gobernante o un parlamento elegido democráticamente deberá tener un margen de acción bastante amplio para tomar decisiones (en materia ejecutiva o legislativa, respectivamente), y esto puede hacer que se adopten medidas o leyes concretas que contradigan la voluntad mayoritaria. También puede suceder que una acción de gobierno, o una ley, se refiera a una cuestión técnica que afecta a un sector minoritario de la población de modo que la mayoría de los ciudadanos en cuya soberanía se sustenta teóricamente esa decisión se declare carente de opinión al respecto. ¡Si cada vez que un ciudadano se considerara víctima de una injusticia por una situación de este tipo u otras similares, se considerara a su vez con derecho a rebelarse contra el Estado, ninguna democracia resistiría más de un año sin caer en la anarquía!.
Por ello es necesario considerar que una ley aprobada democráticamente, aunque sea polémica (al menos, si no puede considerarse objetivamente inmoral) es justa en el sentido de que es conforme a derecho y que, por tanto, debe ser respetada, sin perjuicio de que el Estado de Derecho debe tener previstos métodos para que pueda ser retirada también legalmente si hay indicios suficientes de que su promulgación no fue acertada (esto incluye el derecho de huelga, la obligación del Parlamento de debatir un proyecto de ley por iniciativa popular, etc.).
La constitución de un Estado de Derecho democrático se justifica racionalmente por la necesidad de regular estrategias cooperativas que, en principio, no perjudican a nadie más que a quien quiere aprovecharse de ellas violándolas. A su vez, la necesidad de dicha organización estatal justifica, no sólo las leyes que regulan dichas estrategias cooperativas (como la prohibición del asesinato, etc.), sino también las que pueden considerarse necesarias para la existencia del Estado y para la regulación de la convivencia de sus ciudadanos, y teniendo en cuenta que los ciudadanos deberán aceptar por necesidad que las disfunciones que surjan en el funcionamiento del Estado, en la promulgación de leyes o en las acciones de gobierno, deben ser solventadas por los propios medios previstos por el sistema legal, entendiendo que un sistema legal que no proporcionara los medios adecuados para ello sería abiertamente injusto y no merecería respeto. Dicho de otro modo, el Estado en cuestión no sería completamente democrático.
Aquí hay que señalar que el concepto de "necesidad" de una ley no es necesariamente objetivo. ¿Es necesario que los ciudadanos de un país presten un servicio militar obligatorio? Quizá unos opinen que sí y otros opinen que no. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión objetivamente, deberá acatarse la decisión de la mayoría. Cualquier otra opción sería una imposición por la fuerza sin razón (objetiva) alguna y, por consiguiente, inmoral.
Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías