Algunos gobiernos autonómicos empezaron el verano firmando una ley para acabar con uno de los fraudes más antiguos y visibles: el alquiler de viviendas particulares para el turismo. ¡Ya era hora!
Cualquiera que ponga un negocio por pequeño que sea y poco rentable que resulte, tiene que solicitar un sinfín de permisos y ninguno gratis, darse de alta, declarar hasta el último céntimo de los ingresos y pagar el IVA de facturas que no se han cobrado, incluso el de aquellas que tengan que abonar ayuntamientos y otras administraciones, pero estos propietarios alquilan pisos, apartamentos, casas y hasta balcones por horas, y si son pensionistas hasta es posible que cobren complementos a mínimos porque sus ganancias, que en la mayoría de los casos no son pocas, están exentas de todas las obligaciones fiscales.
Pero estos privilegiados pueden dormir tranquilos, esta ley no mermará sus ingresos, siempre podrán decir que los inquilinos son amigos, parientes o parientes de sus vecinos, y si no pueden anunciarse por Internet, ya buscarán otra forma igual de eficaz.
Otra cosa sería que se incrementaran los impuestos a partir de la segunda vivienda, desgravara el alquiler a los turistas y se regularizaran los precios. Pero esto es tan difícil que suceda como que los mismos gobiernos no recauden los millones que pretenden recaudar a costa del turismo.
Para conseguirlo firmarán otra ley que ya se aplica en Cataluña y acabará aplicándose en el resto de las comunidades que obligará a pagar una tasa adicional por cada noche que se pase en un hotel, en un hostal o en un simple albergue. Controlar esto es muy fácil, y como se cobrará por adelantado, ni el gato puede escaparse.
Total, que hay dos clases de leyes: las que se hacen para que no se cumplan y que afectan a las clases más altas y las que se hacen para que se cumplan a rajatabla y que afectan a las clases medias y bajas. ¿Por qué será?...