El presidente del órgano ha ordenado que el CNP dirija la protección del edificio aunque los Mossos seguirán en el despliegue
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Policía Nacional asumir la dirección de la custodia y seguridad de su sede, hasta ahora labor exclusiva del cuerpo autonómico. El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en su resolución firmada el viernes pero que se ha hecho efectiva hoy, explica que esta medida tiene como objetivo "preservar la integridad del Poder Judicial" ante una eventual independencia. Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios) de la Policía Nacional han comenzado a desplegarse desde esta mañana en el sede del TSJ, en la calle de Lluís Companys de Barcelona.
Barrientos ha comunicado su decisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en persona, ha hecho lo propio con el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y al jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote, a los que ha citado en su despacho para informarles de los cambios en la seguridad de la sede y su entrono. Según fuentes de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra acatan el mandato del TSJC para que la Policía Nacional se encargue de dirigir la seguridad de su sede pero no comparten "ni los motivos ni la necesidad" y defienden que "han dado muestras constantes y suficientes de profesionalidad y de lealtad institucional hacia todo el estamento judicial".
La orden de Barrieros incide en que tanto la Policía Nacional como los Mossos tienen a partir de ahora la misión compartía de garantizar "la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de su deberes jurisdiccionales". El presidente recuerda que la Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobó la cámara autonómica y que el Constitucional anuló "viene a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen". A pesar de esta norma está suspendida por el Constitucional, el presidente "constata la determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para su vigencia y aplicación efectiva".
El presidente recuerda que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que da a los jueces la potestad para ordenar las disposiciones que consideren oportunas cuando "se consideren inquietados o perturbados en su independencia". Por ello, insiste, cree indispensable que la Policía Nacional dirija la seguridad de la sede para garantizar "el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes".
El Norte de Castilla