La comunidad defiende el sobrecoste que supone atender a una población dispersa y envejecida
Castilla y León recibe del Estado 2.405 euros por habitante y año, una cifra que supone un 43% menos que el País Vasco. Si a la financiación autonómica se le aplicara un símil ciclista podría asegurarse que de las diecisiete comunidades españolas quince integran el pelotón y dos conforman la cabeza de carrera, protagonizando una escapada con una holgada ventaja.
Estas últimas son el País Vasco y Navarra, que vienen a disponer cada año del doble de recursos estatales por habitante que las otras quince. Las primeras se rigen por un concierto económico especial recogido en la Constitución. Al resto se les denomina, en materia de financiación autonómica, de régimen común. Las primeras disponen de 3.978 euros estatales de media anual por habitante ?más el País Vasco (4.248) y menos Navarra (3.055)? frente al promedio de las quince del 'pelotón' que se valora en 2.204 euros 'per capita'.
El origen de esta disparidad parte de los conciertos económicos o fueros por los que Navarra y el País Vasco recaudan los tributos que en el resto del país gestiona el Estado, y liquidan luego a las arcas estatales el coste en el que estiman la prestación de servicios y competencias que el Gobierno central presta en las tres provincias vascas y la comunidad navarra. Lo hacen a través del cupo vasco y la aportación navarra.
El cálculo de esta liquidación es complejo, porque si las competencias que gestionan las otras quince autonomías no son homogéneas, en el caso de las forales suman algunas atípicas, como la gestión tributaria y el catastro, las pensiones no contributivas o las becas y ayudas a estudiantes, algunas sin valoración oficial explícita.
Aún así, la financiación regional reflejada líneas arriba que consigna el 104% por encima de la media al País Vasco y el 47% más a los navarros es en el supuesto que valora las mismas prestaciones de servicios en todos los territorios, lo que se conoce con la expresión: 'a competencias homogéneas'. La ventaja de este sistema es «la de ser directamente comparable con la financiación calculada para las comunidades del régimen común», explica el informe de julio, pero que analiza los datos presupuestarios de 2014. Así, «a competencias homogéneas», el lehendakari recibe por cada ciudadano vasco 4.248 euros anuales tras hacer las cuentas con el Gobierno central.
La diferencia entre esa cuantía y la media de los quince territorios que dependen del modelo de financiación autonómica ha generado en los últimos años que comunidades como Cataluña aspiren a un concierto económico similar o que otras como Castilla y León reconozcan la legalidad del sistema foral, pero demanden una revisión sobre cómo se hacen las cuentas que arrojan las aportaciones a la caja común de las arcas estatales. Así lo defendió Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, en febrero de 2014, con motivo de una rebaja del Impuesto de Sociedades en las provincias vascas. Del Olmo argumentó que la «sobrefinanciación» estatal permitía al País Vasco aprobar vacaciones fiscales.
Cerrado el capítulo del País Vasco y Navarra, la financiación por habitante y año a igual cartera de competencias en el resto del territorio nacional oscila entre los 1.809 euros de Madrid, los 1.906 de Valencia, los 1.957 de Murcia o los 1.987 de Andalucía y los 2.481 de La Rioja, los 2.554 de Extremadura o los 2.584 de Cantabria. Castilla y León habría recibido en 2014, según los datos del Ministerio de Hacienda, 2.405 euros por empadronado.
Factores que encarecen
¿Es mucho o poco? Pues depende de a qué tipo de habitantes preste servicios cada comunidad. Si es una población en la que priman los residentes jóvenes y concentrados en localidades grandes o un padrón sobreenvejecido y disperso en pequeños pueblos. Y depende del tipo de territorio. Si el mapa es llano o montañoso. Son factores que influyen en el coste sanitario, el gasto farmacéutico, el educativo, en la prestación de Dependencia, en el transporte para acceder a estos servicios básicos, pero también en el mantenimiento una red de carreteras en condiciones, por ejemplo.
El peso de esos factores en el reparto de los fondos estatales para corregir ese reparto 'per capita' ha centrado el debate entre el grupo de estudio de expertos de las comunidades y el Gobierno central, que ha dado lugar a un documento de carácter técnico sobre el que negociarán a partir de octubre los políticos: el ministro Cristóbal Montoro y los consejeros de las quince autonomías afectadas por el sistema de financiación. Todas coinciden en que el modelo actual, aprobado en 2009 y aplicado durante la crisis que agujereó la recaudación tributaria e incrementó los gastos en prestaciones sociales, ha tenido un mal comportamiento.
En Castilla y León, el agujero presupuestario que han dejado las entregas estatales entre 2010 y 2016, resultante de restar las aportaciones del Gobierno central a la dotación solamente de las tres consejerías que prestan los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Familia) supone un 'roto' de 3.343,4 millones de euros. La Junta ha recurrido a la deuda para reparar ese desfase entre ingresos y gastos. Algo imposible de mantener en el tiempo. De ahí la trascendencia de la negociación de los criterios de reparto. Sin dinero suficiente, los servicios serán insuficientes.