Este miércoles, nueva reunión entre Ejecutivo y sindicatos, que no están de acuerdo con la subida variable relacionada con el PIB
El Gobierno ha puesto sus cartas encima de la mesa en relación con la subida salarial para los empleados públicos. La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha propuesto a los sindicatos un incremento fijo del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020. Es decir, los funcionarios tendrán asegurada un alza del 5,25% para 2020.
Pero el Ejecutivo ha incorporado una subida variable que va relacionada con el PIB. De esta manera, si el Gobierno supera la previsión de crecimiento de la economía en más de medio punto, los empleados públicos tendrían una subida adicional de 0,5% en 2018, que se elevaría a 0,75% en 2019 y 2020. Si la previsión del PIB se cumpliera o la mejora es inferior a medio punto, habría un alza extra de 0,25% en 2018 y 0,5% en 2019 y en 2020. Esto significa que en el mejor de los casos este incremento variable llegaría al 2%, por lo que la horquilla oscilaría entre un 5,25% y un 7,25% en los próximos tres años, una subida que los sindicatos califican de «insuficiente».
«No hemos avanzado lo que pensábamos», se lamentó uno de los representantes sindicales, que explicó que la parte fija «puede ser aceptable», pero que Hacienda debe mejorar el variable. Y así esperan que suceda este miércoles, cuando volverán a reunirse para que el Gobierno les presente otra propuesta. Será la última oportunidad para lograr un acuerdo, puesto que la oferta definitiva quedará fijada de forma oficial y definitiva el próximo jueves, cuando tenga lugar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que están representados, además de los sindicatos y la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de una convocatoria obligada por la presentación de Presupuestos el próximo viernes, donde ya ha de incluirse la partida destinada a la subida salarial de los funcionarios.
Fuente: El Norte de Castilla
Los sindicatos han mantenido durante toda la negociación la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que los funcionarios han perdido durante la crisis. Primero llegó el hachazo de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2010 redujo el sueldo a los empleados públicos un 5%. Después, cinco duros años de congelación. Y eso sin hablar de la supresión de la paga extra en 2012, ya que posteriormente se aprobó su devolución. Así, UGT considera que los funcionarios públicos han perdido en estos años un 13% de poder adquisitivo, una cifra que CC OO eleva hasta el 14% y CSIF hasta un 20%. De hecho, CSIF ya da la negociación por perdida y anunció que este jueves convocarán una asamblea general para preparar movilizaciones. Asimismo, avanzó que trabajarán para dificultar la aprobación de los Presupuestos.
Otra reinvindicación que para las organizaciones de trabajadores era tan importante como la subida salarial era recuperar la jornada de 35 horas, un derecho que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó al modificar el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí se establecía una jornada máxima de 37,5 horas y el Ejecutivo eliminó la palabra 'máxima' para que todos los funcionarios tuvieran que trabajar dichas horas. Los sindicatos quieren que Hacienda permita por lo menos reducir la jornada a 35 horas en aquellas CC AA o administraciones que así lo quieran. De momento, éste es el deseo de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o el Ayuntamiento de Madrid, a lo que el Gobierno central se ha opuesto con sendos recursos al Tribunal Constitucional. Y así va a seguir siendo por el momento, puesto que los sindicatos hablaron de la «cerrazón» de Hacienda a resolver este tema.