Hemos podido ver en los informativos terribles las imágenes de dos chicas abofeteando a una adolescente, insultándola mientras la pellizcaban. Ahora la violencia no se oculta, todo lo contrario, se "cuelga" en las redes como si fuera una hazaña de la que sentirse orgullosos. Según la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León en el año 2015, las agresiones de los menores hacía sus padres y madres se había incrementado; registramos una violencia intrafamiliar que atrapa a la familia en una situación devastadora. Además, fiscales y jueces reclaman a los padres que denuncien la situación. ¿No es lo más difícil que quienes protegen a los hijos sean, precisamente, quienes los denuncien? ¿Acaso, no sería para todos una conducta anti natural? Curiosamente, una de las primeras reglas que aprendemos en la familia, es que los trapos sucios se lavan en casa.
Muchos padres y madres viven a diario falta de respeto, les hablan a gritos y el hogar se convierte para los adolescentes en una pensión: llegan, comen, se encierran en una habitación, cuyo desorden ya arreglara la "criada de la casa", y no se separan de su móvil. Imprescindible para seguir con sus amigos y, por supuesto, podrán ver vídeos violentos o, lo peor, lo utilizarán como el escaparate de sus crueldades. ¿Qué hacen las autoridades públicas para afrontar este problema, siguiendo los informes de la Fiscalía, así como los que elabora el Defensor del Pueblo?.
Pues hace dos años tuvimos una buena iniciativa: la Ley Orgánica (8/2015) de 22 de julio, de Protección al Menor, la cual está especializada en menores con problemas de conducta, tanto agresores, como aquellos que procedan de familias de exclusión social. Una de sus principales aportaciones se basa en los centros especializados para este tipo de menores. Dichos centros deberán evitar duras formas de contención, que es la forma elegante de hablar de castigos. Porque si antes las reglas de estos centros de internamiento, a veces, recordaban a los correccionales, la actual norma fija que todas las medidas dirigidas a los adolescentes, deberán buscar una visión pedagógica; es decir tener un carácter educativo. La pregunta sería ¿quién se encarga de vigilar que esto se cumpla? Acaso, ¿no conocemos importantes diferencias de trato con los adolescentes, entre unos centros y otros?. Esta ley no se queda ahí, también establece condiciones para las familias de acogida, así como para aquellos menores que padecen violencia de género. Pues bien, esta ley tan decisiva en la reeducación de los menores y en la educación familiar, ha entrado en vigor sin presupuestos, sin dinero que respalde todo lo que propone.
¿No saben lo que cuestan aquellos equipos psicológicos que intervienen con las familias? ¿Son suficientes los centros de menores en Castilla y León? Esta ley se impulsó desde el Gobierno Central, que pasó por un Consejo de Ministros, quienes ?y estoy convencida de ello- seguro que se estremecieron cuando vieron por la televisión a una adolescente acorralada a patadas. Pero este gobierno es el mismo que descartó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos eran materiales didácticos obligatorios; sin embargo, también incluía la homosexualidad, no como un pecado o como una enfermedad, sino como una opción. Sé que están pensando que no es la primera ley sin presupuestos, pero dado que tenemos un gobierno que se proclama el mayor defensor de la familia, resulta vergonzoso que no financien sus propias leyes de menores.
Fotografía: Vocento