Trabajar en el ámbito de los Derechos Humanos siempre es difícil, algo así como una lucha sin final; denunciamos sin descanso cuando a veces da la sensación de que estamos predicando en el desierto.
Autora: Elena Domíngez Crezpo, activista por los derechos humanos
Por eso, siempre es un honor anunciar un nuevo avance; una noticia que nos alienta a seguir adelante en nuestra Odisea, reafirmándonos en nuestros principios y seguir trabajando en ellos.
Los legislativos de Guatemala y El Salvador han dado luz verde a una decisión trascendental: poner punto y final a los matrimonios infantiles. Aunque el matrimonio de menores de edad llevaba prohibido desde 2015, sendas reformas dejaban abierta la posibilidad de que el juez pudiera autorizar un matrimonio con mayores de 16 años: en Guatemala de manera excepcional y por razón de hijo en común o embarazo en El Salvador.
Esta decisión afecta sobre todo a las niñas, las cuales protagonizan la aplastante mayoría de los matrimonios infantiles. La ONG Plan International Guatemala afirma que desde la introducción de la reforma de 2015 hasta la actualidad se han registrado un total de 2.200 matrimonios entre niñas y adultos. Es más, la misma reforma de ley reconoce que de las 50 uniones con menores de edad registradas en el primer semestre de 2016, solamente en 3 el cónyuge era un hombre adolescente.
El matrimonio de hombres adultos con niñas fomenta los embarazos prematuros ? los cuales ponen en alto riesgo la vida de la menor - perpetuando las relaciones de poder machistas dentro del matrimonio y, por ende, privando de cualquier esperanza futura a unas niñas que quedan sin oportunidades: sin posibilidad de estudiar, jugar, tener apoyo psicológico o acceder a un trabajo cuando llegue el momento.
Este tipo de matrimonios esconde asimismo una realidad oculta completamente estremecedora. El matrimonio infantil en estos países ha sido utilizado en multitud de ocasiones para permitir uniones matrimoniales entre niñas y sus violadores, eludiendo así cualquier tipo de sanción penal. Esto convierte a las menores en meros objetos sexuales en manos de su agresor, descuidadas totalmente su salud y apartadas de cualquier posibilidad para continuar sus estudios y poder llegar a tener una independencia completa.
Mayor importancia cobra este aspecto teniendo en cuenta que en El Salvador un estudio realizado por el Ministerio de Salud en combinación con la ONU reveló que en 2015 el 50 % de las menores entre 10 y 17 años fue violada y después obligada a casarse con el agresor. Por su parte, en Guatemala, el 51% de los embarazos de niñas de 12 años han venido provocados por hombres de entre 25-29 y 40-50 años, según el informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), bajo el nombre "Me cambió la vida: uniones tempranas, embarazos y vulneración de derechos en las adolescentes".
Sin embargo, aún queda una tarea por hacer, esa de cambiar mentalidades. Se necesita desarrollar una educación para concienciar a la sociedad de que el matrimonio de niñas es otra forma más de violencia hacia ellas, así como trabajar sobre la prevención de los embarazos de menores, junto con la criminalización de la figura del agresor a través de una condena apropiada y la protección total de la víctima para que pueda continuar con su vida habitual lo antes posible. En definitiva, evitar que el desarrollo personal de cualquier niña sea brutalmente destrozado; para que puedan reír, jugar y disfrutar de su infancia y sus derechos libremente sin ningún tipo de violencia.
Enlaces de interés:
http://www.flacso.edu.gt/publicaciones/wp-content/uploads/2016/04/Me-Cambio-Vida.pdf
http://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mapas_embarazos%20_v4M2br_0.pdf