El PP ha mostrado su malestar por la falta de abogado que defendiera al Ayuntamiento en el juicio por el pago de la ampliación de las luminarias del camino del cementerio


BRACAMONTE
Actualizado 11/09/2017
Redacción

PEÑARANDA | Los populares han destacado la no presencia de representantes legales del Consistorio en el pleito por el pago de las obras, mientras la alcaldesa Carmen Ávila tildaba de "ilegalidad" dicha ampliación realizada por el anterior gobierno de

El Grupo Popular ha querido poner de manifiesto públicamente la situación en la que se encuentra el expediente abierto en torno a la ampliación de las luminarias en la travesía del cementerio municipal para, tal y como han argumentado, "poder conocer en qué situación se encuentra el juicio que tenemos pendiente, en el que hemos comprobado que figura un escrito indicando que se celebraría a finales de julio pero sin embargo la señora alcaldesa nos informa que la otra parte inmersa en el proceso de reclamación les ha comunicado que se ha pospuesto" tras lo que se preguntan "¿cómo es posible que el ayuntamiento no haya recibido directamente este dato siendo parte interesada en este proceso? ¿Por qué no se ha designado abogado?"
La situación, que se presentaba en un tenso cara a cara durante el pasado Pleno, se iniciaba con una dura intervención de la portavoz de los populares, Carmen Familiar, quien exponía como "en otra ocasión se ha contratado un abogado para simplemente hacer un informe de procedimiento con un coste elevado, pudiéndose emitir el citado documento por los técnicos municipales?En este caso el Ayuntamiento podría pedir responsabilidad subsidiaria , si esto es posible, a los que han participado en la tramitación, por ejemplo director de obra?pero esto lo tiene que decidir el abogado en caso de haberlo contratado cosa que no se ha hecho" y añadía que el equipo de gobierno "esta obligado a defender los intereses de este Ayuntamiento y en este sentido la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 68 dice textualmente "las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Cualquier vecino podrá requerir su ejercicio, en caso de no hacerlo los propios vecinos podrán ejercitar dicha acción en interés de la entidad local."
RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO
En relación con este pleito, en el que se reclama al consis
torio el pago de dichos trabajos por la empresa encargada de realizar la obra, la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, ha manifestado que "ante una causa perdida como esta, culpa del PP, que quieren.. ¿Qué incrementemos más los gastos contratando un abogado o un procurador?" y añade rotunda que "las responsabilidades en este caso deben pedirse al equipo de gobierno del Partido Popular ya que haciendo lo que hizo en este asunto cometió una temeridad y una ilegalidad a todas luces realizando esa obra a mayores de la proyectada".
En este sentido, la regidora municipal señalaba que "saben de sobra que tenemos que hacer frente a esa deuda, cantidad que tenían que reclamarnos judicialmente para poder abonarla. En eso estamos ahora, de ahí que no haga falta representante legal para ello".
Familiar ha destacado que los socialistas " hicieron muy mal su labor de oposición consintiendo en ese momento lo que se estaba haciendo" y recordaba diferentes sentencias condenatorias hacia el Ayuntamiento dictadas durante los anteriores mandatos del PSOE e incidiendo en que "gracias a Dios hoy todo es mucho más transparente que en aquel tiempo como estamos viendo" a lo que la primera edil ha señalado que "la transparencia no se veía en la anterior legislatura ya que a Pleno no venía nada más que lo obligado por la ley y es mucho decir".
La polémica generada tiene su origen en el proyecto para iluminación del camino del Cementerio, realizada con un presupuesto de 78.529 ?, de los cuales y mediante el Plan de Cooperación Local 14/15 fueron financiados por la Diputación 58.896,75 ? y los 19.632,25 restantes por el Ayuntamiento. La empresa Gazmar, encargada de llevar a cabo las obras, reclama ahora por vía judicial el pago de 25.705 euros, correspondiente a la tercera certificación del proyecto, cuyo abono era desestimado en sesión plenaria por el gobierno socialista en marzo de 2016, iniciándose así el procedimiento legal de reclamación por parte de la empresa.

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