De los casi 110 millones repartidos en la Comunidad, 56,6 (el 52%) procedían del Estado y los restantes 52,2, de las instituciones autonómicas, principalmente la Junta
Lo que ha sucedido con las subvenciones y ayudas públicas concedidas por el Estado y la Junta no tiene precedentes. Antes de la crisis y aun en los años más crudos de esta, la 'manita' de la Administración al sector empresarial fluctuaba entre casi doscientos y más de cuatrocientos millones de euros anuales. En el ejercicio pasado, el apoyo financiero descendió hasta poco más de cien millones. En el caso de autónomos y cooperativas, el desplome de un año para otro, de 2015 a 2016, fue de más de seiscientos millones.
Obligadas a adecuarse a la política presupuestaria actual, que persigue un proceso de consolidación para eliminar el déficit público de camino hacia el equilibrio de las cuentas, las ayudas públicas también han sido objetivo de los recortes. Lo dicho vale para todas las comunidades autónomas, pero en el caso de Castilla y León cobra especial relevancia. Mientras en el caso de los apoyos a las sociedades mercantiles el ajuste anual a nivel nacional fue del 10,3%, en la región fue del 36,1%, el segundo más acusado del mapa autonómico. En cuanto a las ayudas a las sociedades no mercantiles y los autónomos, el descenso también fue el segundo más drástico del país, en este caso del 69%.
En el conjunto de España, las ayudas y subvenciones públicas se situaron en 2016 en 4.046 millones de euros, lo que representa un retroceso del 11,8% con respecto al año anterior, según los datos recogidos por la agencia de rating Axesor y publicados en su Anuario de Administraciones Públicas. Esta cifra incluye tanto sociedades mercantiles, como no mercantiles, autónomos y otros entes societarios. En el caso de Castilla y León, el descenso supone el 64%.
El número de sociedades y autónomos beneficiarios descendió un 21,9% en comparación con 2015 y se situó en 232.260, es decir 65.000 beneficiarios menos que en 2015. En lo que se refiere específicamente a las sociedades mercantiles o de capital, estas registraron en 2016 su quinto año consecutivo de caída. Así, del total de importes concedidos, las sociedades mercantiles o de capital percibieron 2.076 millones de euros, el 10,3% menos y la cifra más baja en diez años.
El número de empresas beneficiadas también está en este caso bajo mínimos: cayó el 30,3% en la comparativa interanual, hasta las 42.191. Las pymes representan el 84,24% del total (1.749 millones de euros).
En su informe, Axesor entiende como subvención «la entrega de financiación sin ningún tipo de contraprestación, pero sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo»; mientras que las ayudas públicas son «una entrega dineraria que sí tiene una contraprestación, pero siempre a unas condiciones mejores que las de mercado».
Entre los autónomos y sociedades no mercantiles (cooperativas o comunidades de bienes y asociaciones, entre otros entes), Canarias lideró la financiación el año pasado, con 330,9 millones de euros, un incremento del 163% en comparación con 2015. Le sigue Castilla y León, que concedió 286,8 millones, con una bajada del 69% respecto a los 925 millones del año anterior. En tercer lugar figura Galicia, con 153,9 millones y un alza interanual del 230%. Por sectores, los que recibieron más importes fueron la agricultura y ganadería y el de transportes.
Autonomías con aumentos
Canarias fue asimismo la comunidad donde más se incrementó la financiación en el caso de las sociedades mercantiles, con un alza del 112,8% en 2016. Le siguen Ceuta y Melilla con un crecimiento del 85%, a pesar de ocupar el último puesto en términos de importes. También Cantabria destaca como una de las comunidades de mayor progresión en la financiación pública, con un alza del 65,4%. Solo en otras tres comunidades mejoró la financiación:Baleares (37,4%), Navarra (27,8%) y Galicia (26,4%).
El mayor retroceso se produjo en la Comunidad Valenciana, del 46,1%, seguida de Castilla y León, con un descenso del 36,1%, hasta 108,92 millones de euros. En 2015 las subvenciones y ayudas públicas a las empresas de la región habían ascendido a 170,42 millones; en 2010 fueron 303,27 millones y en 2009, el récord, llegaron a 400,95 millones de euros.
Las empresas madrileñas fueron las que obtuvieron mayor financiación pública en 2016, con 361 millones (el 17,4% del total), seguidas del tejido empresarial canario, que percibió 313,7 millones. De los casi 110 millones repartidos en Castilla y León, 56,68 millones (el 52%) fueron fondos procedentes del Estado y los restantes 52,23, de las instituciones autonómicas, principalmente la Junta.
En este sentido, las sociedades madrileñas son las que mayor financiación lograron en 2016, gracias principalmente a los 225,1 millones de euros aportados por el Estado, que representó el 62,3% de los fondos que consiguió dicha autonomía. Canarias ocupó la segunda plaza, pero en este caso la participación estatal fue de solo el 4,7% (14,7 millones).
El informe destaca también el caso del País Vasco, donde de nuevo la mayor parte de la financiación corrió a cargo de las administraciones autonómicas, que aportaron el 76,1% del total, con 154,4 millones. En el caso de Cataluña la cuota del Estado central fue del 46,9%, con 81,31 millones, mientras que los organismos autonómicos aportaron 91,74 millones. Andalucía es otra de las comunidades que recibió gran parte de la financiación del Estado, en este caso el 66,5%, lo que en millones ascendió a 127,2.
En su contexto
Para contextualizar los importes percibidos por las empresas de cada región, Axesor aborda el peso relativo de la financiación de cada comunidad sobre su Producto Interior Bruto. Las subvenciones y ayudas públicas que obtuvieron las sociedades canarias representan el 0,74% de su riqueza económica; Ceuta y Melilla ocupan la segunda plaza, ya que la financiación pública supuso el 0,73% de su PIB. A las ciudades autónomas les sigue Cantabria, donde la financiación obtenida equivalió al 0,57% del PIB autonómico.
En Castilla y León, que en este ránking se situó en la mitad de la clasificación, la proporción fue del 0,19%. En el año anterior, 2015, había sido el 0,31%. El tope se produjo en 2009, cuando alcanzó el 0,72%.
En el lado opuesto se encuentran comunidades como Navarra, Castilla La Mancha, Andalucía, Valencia, Cataluña y Baleares; en todas ellas las subvenciones y ayudas públicas percibidas por sus sociedades fueron inferiores al 0,15% del PIB. En Cataluña no llegó al 0,10% y en Baleares, ni siquiera al 0,05%