El hecho de que seamos todos inocentes hasta que un órgano jurisdiccional competente nos condene con base en una mínima actividad probatoria que incrimine claramente a un sujeto determinado y que se haya obtenido con todas las garantías fundamentales nos parece un avance de la civilización. La administración de la justicia ya no puede conllevar, por evidentes exigencias constitucionales, la condena por meras denuncias que no tengan mayor acreditación por los cauces legales establecidos y que respeten los derechos fundamentales.
Una de las garantías elementales es la imparcialidad del juez. Un juez que tenga cercanía o intereses con alguna de las partes o con el asunto concreto que se está tratando en el proceso deja de ser un verdadero juez y pasa a ejercer la función de parte, con lo que el proceso quedaría descuadrado. Se trata de la idea intuitiva de que una tercera persona ?o un pequeño grupo de terceros- ajena a la controversia que se ha planteado es la que nos puede decir con mayor objetividad cuál de las partes en conflicto lleva razón. Si no se encuentra en esa posición de superioridad estructural, por ejercer una potestad constitucional, y de imparcialidad funcional, por ejercer esa potestad de manera lo más ecuánime posible, el juzgador no puede cumplir esos mínimos que justifican su existencia.
Uno no pretende con esta perorata entrar a tratar un tema tan candente como el de Juana Rivas, de Francesco Arcuri y sus dos hijos. Sobre violencia de género, secuestro de menores o eventuales alienaciones parentales habrá oportunidad de hablar en otras columnas, con la benevolencia de los encargados de dirigir y coordinar este periódico digital. Lo que se quiere resaltar en la de hoy es el contexto social de este asunto, enrevesado como tantos de los que tratan los problemas de pareja y sus lamentables consecuencias.
Pero no estamos ante un asunto nuevo. Presionar a la justicia y tratar de inclinar la imparcialidad judicial al terreno que convenga a cada cual no es asunto nuevo, y no por ello menos criticable. No me refiero solo a la información periodística, que cumple también una función constitucional básica, siempre que se mantenga en el ámbito de la objetividad en la narración de los hechos, y en la honestidad en la formulación de sus opiniones, sino tambien a esos movimientos sociales más o menos organizados que, desde su parcialidad manifiesta, pretenden decir a los jueces y a los tribunales en qué sentido deben resolver los asuntos que les competen.
No se me ocurre discutir el derecho que tenemos todos de criticar las decisiones judiciales. En realidad uno se gana la vida básicamente con eso, en las clases y en las publicaciones especializadas. Lo que me parece mucho más cuestionable es ir más allá, tratando de que en un caso concreto y pendiente de resolución, el que debe decidir tenga en cuenta la opinión pública que se manifiesta con mayor acritud en las mismas puertas del Palacio de Justicia.
La reflexión viene al caso, desde luego, respecto a lo que se ha visto en los medios de comunicación respecto a masas enfervorizadas que se creen tener toda la razón y ven al juzgador como un enemigo, salvo que resuelva a favor de lo que piensa el grupo en cuestión. Pero, como decía, no es a ese caso concreto que tenemos ahora todos los días en la prensa al que me quiero referir, por sus implicaciones específicas que merecen una argumentación más detenida. También viene a mi memoria la fervorosa procesión, por llamarla de alguna manera, de partidarios de la independencia catalana ?opinión que, adelanto, me parece defendible, aunque también contestable-, que acompañó a determinados cargos públicos imputados por el juzgador competente hasta las puertas de la sede donde debían declarar por determinadas infracciones penales. O, si queremos remontarnos más atrás en esta desventurada historia, me vienen a la memoria unas inefables manifestaciones ante la cárcel de Guadalajara de miembros del Gobierno de entonces y de personas afines que se oponían a voz en grito a la ejecución de unas resoluciones judiciales condenatorias firmes.
¿Qué pretende toda esta gente? Me refiero a la que dice que Juana está en su casa, con sus dos hijos, a los que ya varias resoluciones judiciales han declarado víctimas de secuestro de menores. ¿Qué pretendía toda esa muchedumbre que acompañó a Artur Mas llenando el amplio Passeig de Lluís Companys? ¿Qué pretendían los cabreados manifestantes de Guadalajara? Si es torcer la decisión judicial por fuera de los cauces establecidos legalmente y sin respetar la delicada imparcialidad judicial, mal vamos. Y por eso mismo, como ciudadano que trata de cumplir los deberes y las obligaciones cívicas, si el Juez ha ordenado a Juana que entregue a los niños que tiene secuestrados, no puedo decir de manera provocativa que está en mi casa.