La procuradora Isabel Muñoz preguntará a la la Consejería por la inspección y el cumplimiento de la normativa vigente, pidiendo copias de las últimas inspecciones
Podemos Salamanca "se ha comprometido a hacer lo que esté en sus manos para ayudar a las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Babilafuente, varias de ellas despedidas de manera presuntamente irregular por reivindicar condiciones laborales dignas. Además, en la reunión mantenida, las trabajadoras informaron de numerosas irregularidades documentadas, que podrían perjudicar no sólo a las trabajadoras del centro, sino que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria de los residentes".
Por ello, Isabel Muñoz, procuradora en Las Cortes de Castilla y León, hará varias preguntas a la Consejería de Servicios Sociales respecto a la inspección y el cumplimiento de la normativa vigente, pidiendo copias de las últimas inspecciones realizadas. Además, la procuradora ha hablado con el veterinario responsable para preguntarle si tiene documentación y facturas que acrediten que la carne ha tenido los controles veterinarios correspondientes y la respuesta ha sido negativa hasta la fecha, aunque según el veterinario el menú de verano de la residencia no incluye carne de cerdo. Muñoz ha afirmado que "esta cuestión necesita una aclaración urgente" y ha realizado una pregunta al director de Salud Pública para contestación oral en la Comisión de Sanidad, concretamente sobre "las medidas se están realizando ante estos hechos".
Para Podemos, "este asunto es un ejemplo más del modelo de privatizaciones peligrosas del PP, un modelo en el que se asigna por contrata a empresas o asociaciones, muchas veces amigas, otras veces vinculadas al PP, la gestión de bienes públicos, con las consecuencias nefastas que estamos viendo para las y los salmantinos".
Para Ignacio Paredero, "parecería que la residencia de Babilafuente fuese un ejemplo de cómo no se debería tratar a las trabajadoras desde una contrata pública". Además, indicó que "no todo se puede gestionar desde lo público, pero los bienes públicos sí".
IU-Equo pregunta por el estado de las residencias
En la misma línea, IU-Equo pregunta a la Junta por el estado de las residencias de la Comunidad "ante la situación de desamparo y abandono en la que se hallan de las personas mayores en nuestra Comunidad, por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León".
-¿Cuántas residencias de titularidad autonómica pública existen realmente en la Comunidad de Castilla y león y qué porcentaje de plazas suponen frente al total existente? ¿Qué criterios de distribución por provincia se siguen a la hora de crear esos centros?
-¿Cuántas plazas subvencionadas hay en toda la Comunidad y cuál es su distribución por provincias y con qué criterios?
-¿Qué medidas se están tomando para garantizar el buen servicio prestado a las personas residentes, el cumplimiento de los convenios laborales y para evitar fraudes como los de la residencia Bellavista de Babilafuente en residencias que tienen plazas subvencionadas con la Junta de Castilla y León?