El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería dar claras explicaciones de inmediato por las acusaciones de favoritismo y ayudas interesadas a personas, desde su cargo ministerial. O sea, presuntas irregularidades cometidas en unos contratos a empresa familiar con las Cámaras de Comercio, tras la llegada del PP al poder en 2012.

A esto hay que añadir que fue desautorizado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal de 2012 del Gobierno del PP, declarándola inconstitucional. El fallo del Constitucional concluía que el Gobierno se había excedido de sus funciones, y es causa más que suficiente para exigir responsabilidades al ministro.

Hace unos días, tras esta resolución del TC, el pleno del Congreso reprobó al ministro de Hacienda, Montoro, con los 197 votos de los diputados del PSOE, Podemos, ERC y la mayoría del Grupo Mixto.

Con Montoro, ya son tres los miembros de este Gobierno que han sido reprobados. En los ocho meses que llevamos de legislatura, el Congreso también ha censurado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus supuestos mangoneos en la Fiscalía General del Estado, y al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por su reunión con un acusado del caso Lezo en plena investigación policial. Y unos meses antes el ya exministro de Interior, Fernández Díaz, también fue censurado en el Parlamento, para nada.

Tras la reprobación, Montoro ?falsamente arrepentido? dijo que "aceptaba el reproche del Parlamento, pero que seguiría trabajando en lo que de verdad le ocupa, la negociación del techo de gasto necesaria para empezar a elaborar el Presupuesto de 2018". Y a otra cosa, mariposa, como si nada hubiera pasado: para esto han quedado estos mecanismos de comprobación de la actuación del Gobierno.

La derecha mediática escurre la critica al Gobierno, y solo se centra en recriminar a los parlamentarios de la oposición porque han abusado de este mecanismo de control gubernamental. Les acusa que, para desgastar al Gobierno, están banalizando, con cinismo, este tipo de decisiones políticas.

Los instrumentos de control parlamentario son fundamentales para la vitalidad de nuestra democracia. Depreciarlos con el recado mediático de que invocar a ellos no sirve para nada no contribuye a proteger la reputación de nuestras instituciones.

¿Y qué hubiera pasado, si en vez de cuatro reprobaciones hubiera habido solo una en toda la legislatura? ¿Habría dimitido, arrepentido, alguno de ellos? ¿Se habría atrevido el Gobierno a dejar sin la cartera de Hacienda al recriminado ministro Montoro? Es verdad que tanta desaprobación puede parecer una medida inútil, pero lo es porque en esencia no tiene figura jurídica anexa ni penal.

Tenía un amigo, ya fallecido, que trabajaba en una Diputación de provincias. Le habían caído ya dos expedientes disciplinarios -era enlace de CCOO?. Y, cuando había huelgas y alborotos sindicales, decía que aquí no te echan, siendo funcionario, a no ser que le claves las tijeras en el ojo a la presidenta que entonces lo era. Y aún así, con suerte no te pasaba nada, proseguía él. Pues en esto de la reprobación parlamentaria igual: es una nonada. Ministro vituperado y qué, con mucha honra podrían decir Montoro, Catalá y los otros altos cargos a los que se les ha censurado en este periodo legislativo.

Pero también en otras legislaturas ha habido varias reprobaciones sin ninguna consecuencia seria. Entonces, ¿qué, ya vale con solo leerle la cartilla, una simple regañina acusica en el Congreso? No entendemos que haya reprobaciones que no tienen efectos punibles. Sin afán de ser banales habría que inventar algo así como los premios Naranja o Limón para políticos y gobernantes, o ponerles a los recriminados, en sus escaños, unas orejas de burro. Lo de burro por tozudos y malos gestores. Y estas "condecoraciones" conllevarían el descuento de una parte significativa de los suculentos sueldos que cobran.

Para hacer más insostenible el acoso a Montoro, está la instrucción del juzgado de Madrid que acaba admitir a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción que le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles. El exministro Soria, otros exministros y exaltos cargos aseguran que utiliza datos fiscales contra sus "enemigos" del lado que sea. Montoro se defiende diciendo que "hay intereses en apartarle de la política", en algunos empresarios y políticos intrigantes.

Pero insisten las críticas, y las pesquisas judiciales poco a poco se tornan en su contra. Todo esto es más que suficiente para añadir a esta nonada de reprobación parlamentaria la petición de su dimisión como ministro, que apenas manifiesta un código ético de comportamiento como gobernante.

El caso es que Rajoy y el PP (no todo el partido) refrendan al ministro de Hacienda, le perdonan sus "pecadillos" y le ponen de adalid en la defensa del techo de gasto, de los próximos presupuestos 2018, y en la promesa de la bajada de impuestos, especialmente del IRPF, esos que la formación naranja, C´s, les exige de forma taxativa e "innegociable".

La rebaja de impuestos de PP-C´S es una tomadura de pelo, pues es populista y electoralista; no beneficia a los parados y a los excluidos. El 40% de la rebaja fiscal pactada con Ciudadanos no está reservada a rentas bajas.

Lo que dije al principio de este texto: si no le clavas las tijeras al presidente de turno sigues mangoneando las cuentas del Estado. Por algo será. Qué cartas ocultas tiene, cuánta información secreta del PP, y qué espadas esconde Cristóbal Montoro, contra empresas, políticos peperos y sociatas, y de otras actividades profesionales, para que el núcleo duro de Rajoy le defienda mucho más que a Bárcenas.

Bueno, pues a ver si ahora con todo esto, ya se pira del Ministerio de Hacienda con cartera o sin ella, porque ha pedido toda credibilidad.