Profesor de Derecho Penal de la Usal
La televisión pública y los medios de comunicación afines al gobierno de Rajoy abren las páginas informativas con sistemáticas alabanzas a la evolución de nuestra economía. Es cierto que desde el punto de vista macroeconómico España está creciendo, pero tampoco es menos cierto que ese crecimiento no se percibe en las rentas de las familias españolas.
Los estudios sobre pobreza en España demuestran esta tesis que defiendo; lo mismo que las estadísticas sobre desigualdad, que ha crecido considerablemente en los últimos tiempos. Es cierto que el desempleo ha descendido, pero también lo ha hecho la población española, que cuenta con menos inmigrantes y, en cambio, el número de españoles que han tenido que salir a otros países para encontrar empleo y medio de vida, se ha incrementado.
El problema se agrava con los jóvenes. Recordemos que España es el sexto país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con más jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis). Según estos estudios, uno de cada 4 jóvenes españoles se encuentra en esa deplorable situación, superando en casi 8 puntos la media del club de los países industrializados. Y los que trabajan y encuentran sus primeros empleos se encuentran con salarios ridículos y unas condiciones laborales tercermundistas. Es indigno que haya personas que perciban por su trabajo unas remuneraciones de 300, 400 o 500 euros mensuales, cuando la media de los precios de alquiler de vivienda supera esas cifras. Los jóvenes no tienen expectativas de vida digna por una legislación ultra liberal incumpliendo los preceptos constitucionales. Nuestra Carta Magna establece claramente, dentro de los principios rectores de la política social y económica, en su artículo 39.1, que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" y en el 40.1 que también "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa".
Por otro lado, la situación de los pensionistas españoles se encuentra en una disminución constante de poder adquisitivo y, sobre todo, de la pérdida definitiva de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, debido al alarmante descenso y progresiva desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido comúnmente como la "hucha de las pensiones"). Cuando el PP llegó al gobierno, en 2011, el fondo de reserva contaba con unos 70 mil millones de euros y actualmente no llega a los 16 mil millones. Por ello, el Ejecutivo ha aprobado un crédito de 10 mil millones de euros del Estado a la Seguridad Social para garantizar las pagas extraordinarias de los pensionistas del presente año 2017. Y esta situación se produce como consecuencia de esa normativa laboral regresiva con unos salarios bajísimos que no permiten incrementar las cotizaciones a la seguridad social y, por ende, al fondo que garantice unas pensiones "adecuadas y periódicamente actualizadas" como prevé el artículo 50 de la CE.
El descrédito en el que ha caído la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es elevadísimo, porque, además de aprobarse bajo su mandato una legislación laboral basura que posibilita empleos precarios y muy pocos con contrato indefinido y de incrementar tan sólo un 0,25 % las pensiones en los últimos años, ha acabado con el fondo de reserva de la seguridad social (hucha de las pensiones). Me parece vergonzoso que tanto el presidente Rajoy como los miembros del gobierno estén siempre con la cantinela de que "hay que cumplir la ley", cuando en estos aspectos el gobierno está incumpliendo sistemáticamente el espíritu y la filosofía de la normativa constitucional.
El gobierno español debería seguir el ejemplo del portugués presidido por Antonio Costa, al que apoyó una coalición de 3 partidos de izquierda. En menos de dos años este gobierno progresista ha subido las pensiones y los salarios públicos y ha recortado el déficit público, siendo el más bajo desde 1974. El desempleo también ha bajado desde el 18 %, hasta el 9,8 % actual. En España, en cambio, Rajoy ha incrementado escandalosamente los recortes a los ciudadanos y el déficit se ha descontrolado.
Como puede comprobarse, objetivamente la economía de los hogares españoles no va tan bien como pregona el gobierno y sus aduladores mediáticos.