1.492 incendios forestales (10.555 hectáreas de superficie quemada) se han contabilizado oficialmente en Castilla y León entre enero y mayo, entre ellos el de la Tebaida leonesa, que provocó una oleada de críticas a la consejería de Medio Ambiente ante la insuficiencia de los medios de prevención y extinción durante una primavera especialmente seca. A dicho balance hay que sumar los incendios que se han producido a lo largo del presente mes de junio, el más caluroso que se recuerda en décadas.
Con este panorama, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, presentó ayer el operativo organizado para el presente verano, que no entrará en vigor hasta el próximo 1 de julio. Rodeado de los delegados territoriales, Suárez Quiñones pormenorizó la dotación de medios humanos y materiales, mejorada gracias a un incremento presupuestario de 5 millones de euros. 4.350 profesionales, 2.437 de ellos trabajadores de la Junta, integran un operativo que incorpora novedades tecnológicas tales como una aeronave no tripulada y un dron destinados a extremar la vigilancia y apoyar las labores de extinción.
Todo ello muy loable si no fuera porque, en plena oleada de calor, habrá que esperar todavía 10 días -y sus correspondientes noches- hasta disponer del operativo completo. De ahí que el PSOE, a través del procurador José Luis Aceves, haya salido de inmediato criticando el "pasotismo" de la consejería, incapaz de reaccionar ante las adversas condiciones meteorológicas que vienen registrándose desde el primer trimestre del año.
Aceves considera una "tomadura de pelo" que la Junta declarara y haya mantenido el pasado día 8 de junio riesgo medio de incendios en la comunidad cuando las temperaturas máximas registradas a partir de esa fecha han superado muchos días los 35 grados, con mínimas que no han bajado de 20, lo que corresponde a un grado de riesgo máximo para el que no ha habido respuesta.
Como ejemplo de esa "negligencia" se señala la situación de las 11 torretas de vigilancia de la provincia de Ávila, que a fecha de hoy no están operativas, ya que están siendo readaptadas porque no cumplían la normativa sobre seguridad y salud laboral.