Después de más de 14 años gobernando con una plácida mayoría absoluta, Juan Vicente Herrera afrontó la actual legislatura con el infundado temor de que la pérdida de dicha mayoría iba a suponerle un suplicio político. Le daba tanta pereza cambiar el "chip" que amenazó con dar la espantada y no presentarse a la investidura, algo de lo que dio marcha atrás al no acceder Mariano Rajoy al "dedazo" con el que pretendía resolver su huida.
Resignado a quedarse, pronto comprobó que el temor era infundado. El escaño que le faltaba en las Cortes no representaba ningún obstáculo para seguir gobernado como si dispusiera de esa mayoría.
A diferencia de
Susana Díaz en Andalucía y
Cristina Cifuentes en Madrid, a cuyas investiduras Ciudadanos impuso duras condiciones, aquí el partido de
Albert Riberaabarató al máximo su apoyo, permitiéndole incluso que mantuviera en sus puestos a seis altos cargos imputados por el Juzgado que instruye el caso de los multimillonarios sobrecostes pagados por el edificio de la Perla Negra y los terrenos de Portillo. Y a cambio de un módico puñado de enmiendas, facilitó la aprobación del Presupuesto de 2017 y ha garantizado su apoyo al del 18, consintiendo además que este último se apruebe con seis meses de retraso por mero capricho de la consejera de Economía y Hacienda,
Pilar del Olmo.
Lo que en mayo de 2015 no podía imaginar Juan Vicente Herrera es que la sombra de la corrupción acabaría convirtiendo en una pesadilla la última etapa de su mandato, coincidente además con su relevo en la presidencia del partido (y no precisamente por el candidato por el que él apostaba). Poco antes de aquellas elecciones, en abril de 2015, cometió la frivolidad de jactarse ante el pleno de las Cortes de que Castilla y León "no figuraba en el mapa de la corrupción española". Una aseveración tan temeraria como falsa, ya que, además del caso Perla Negra-Portillo, instruido a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en esas fechas se acaba de conocer el informe dela Agencia Tributaria que destapaba la llamada "trama eólica".
La respuesta de
Juan Vicente Herrera ante tan flagrantes casos de corrupción -entroncados ambos en la antigua consejería de Economía dirigida por
Tomás Villanueva- fue siempre la de escurrir el bulto y meter la cabeza bajo el ala. A tal fin el PP bloqueó con toda la desfachatez del mundo la comisión parlamentaria de investigación sobre esa doble trama tan pronto como la oposición solicitó conjuntamente la comparecencia del presidente dela Junta. Y tan solo cuando el delegado territorial de la Junta en Valladolid y ex consejero de Gesturcal,
Pablo Trillo, desveló en sede judicial que él mismo había informado personalmente al presidente de lo que se estaba urdiendo en torno a la compra de la PerlaNegra, Herrera se vio obligado a dar explicaciones en una precipitada rueda de prensa en la que, para mayor inri, reconoció que había dado su visto bueno al desorbitado precio pagado por el edificio.
Y así hasta que, tras dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción transforma aquel informe de la Agencia Tributaria en una
querella contra 21 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta, como presuntos responsables de delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la HaciendaPública asociados al reparto de más de 80 millones de euros en comisiones. Formulada dicha querella -en la que, al igual que en la Perla Negra", aparece como máximo responsable de la trama el antiguo numero dos de Economía,
Rafael Delgado- al presidente de la Juntaya no le quedaba otro remedio que comparecer en las Cortes. Lo hacía la semana pasada, pero no ante la comisión de investigación pertinente, sino ante la de Economía y Hacienda, evitando así que nadie pudiera preguntarle por los turbios asuntos de la Perla Negra y Portillo.
A nadie se le pide que se haga el "harakiri" político, pero dicha comparecencia fue de principio a fin un insulto a la inteligencia. Visto que ya no podía negar la hipótesis de la corrupción, Herrera se descolgó asegurando que, de existir, sería una
"corrupción depersonas, no de instituciones ni de la Administración", ya que según él los procedimientos administrativos se han atenido a la estricta legalidad. Afirmación esta última rotundamente falsa, ya que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado arbitrariedades en los expedientes administrativos de 35 parques y la Intervención General del Estado ha encontrado ilegal la figura de la avocación de competencias, cuyo uso fraudulento es el que permitió que una serie de empresarios amigos de la casa -con el ex consejero de Excal,
Alberto Esgueva a la cabeza- mordieran del negocio en forzada alianza con las eléctricas. Sin olvidar que Delgado no pudo perpetrar los delitos que se le atribuyen sin haber contado con la connivencia de otros altos cargos y responsables de la Administración, alguno de ellos además de distinta consejería.
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| Rafael Delgado, a su llegada al Juzgado |
Si los procedimientos se hubieran atenido a la legalidad, la fiscalía no estaría acusando al ex numero dos de Economía de delito del delito de prevaricación. ¿Qué pretende entonces Juan Vicente Herrera con su pueril teoría de la "corrupción de personas". Obviamente, seguir eludiendo sus manifiestas responsabilidades políticas "in eligendo" e "in vigilando". Y por si no suficientemente difícil de creer que él nunca se enteró de nada, además se permite reafirmar su confianza en Villanueva, a quién por ende considera ajeno a las andanzas del que era su número dos. Otra mercancía averiada que atropella el sentido común.
En su
declaración ante el Juzgado el pasado viernes, el propio Delgado aseguró que él se limitaba a ejecutar la estrategia diseñada por el consejero y que fue éste el muñidor de los acuerdos mediante los cuales los empresarios amigos se repartieron con las eléctricas el negocio de los parques eólicos. Se dirá que lo de apuntar hacia Villanueva obedece a una estrategia de defensa, pero resulta que exactamente eso mismo hicieron casi todos los altos cargos de la Junta cuando declararon ante el Juzgado que instruye el caso de la Perla Negra.
El perdón en condicional y por adelantado pedido por Juan Vicente Herrera constituye una tramposa maniobra para ganar tiempo y aparentar lo mucho que le afligen unos casos de corrupción por los que en realidad nunca ha estado dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política. Su problema es que, a estas alturas, dicha responsabilidad es de imposible escapatoria. Y a medida que avance la instrucción en los dos Juzgados que investigan este pestilente entramado de corrupción, la situación del presidente de la Junta va a ser cada vez más insostenible. Simple cuestión de tiempo.