Denuncian que si aumentan las autorizaciones de los vehículos de alquiler con conductores, este gremio "está abocado a desaparecer"
Los taxistas salmantinos se movilizarán el próximo martes, 30 de mayo, ante la subdelegación del Gobierno, como ocurrirá en el resto de provincias de Castilla y León, contra la competencia que suponen los vehículos de alquiler con conductor (VTCs). Para este gremio, las autorizaciones a los VTCs permiten competir en condiciones muy favorables para este tipo de vehículos, puesto que tienen libertad de precios, no tienen una regulación tan restrictiva como el servicio del taxi y tampoco tienen obligación de prestar el servicio. "Si se aumentan las autorizaciones VTCs, el sector del taxi se verá abocado a desaparecer puesto que, por el control de precios y las normativas que le aplica la administración, no puede competir con este tipo de vehículos".
La Asociación de Taxis de Salamanca recuerda que el servicio de taxi que se presta es un "público", con una regulación jurídica y fiscal específica y muy restrictiva, con tarifas reguladas por las distintas administraciones, que hace que se dote de transparencia y seguridad jurídica a los usuarios de dicho servicio y está tutelado por la administración para tarifas, prestación del servicio, etc?, por lo que necesita del apoyo de ésta para que los operadores privados de plataformas tecnológicas y logísticas o de falsa economía colaborativa, cumplan con la legislación vigente y no se les permita entrar en el mismo mercado con unas condiciones que supongan una competencia desleal (o en condiciones mucho más favorables) hacia el sector del taxi, lo que podría a medio plazo, conllevar la desaparición del servicio público del taxi como tal.
Denuncia que sufren un acoso y derribo que puede suponer su total desaparición, con el grave perjuicio que se ocasionaría a más de 100.000 familias que viven y prestan sus servicios de taxi en todo el territorio, así como a los propios usuarios a medio plazo, pues si desaparece el servicio público del taxi, la movilidad urbana quedará en manos privadas de multinacionales que finalmente impondrán sus condiciones meramente económicas, con una enorme precarización social y laboral, con unos costes por servicio variables y seguramente superiores a los del taxi, y sin ningún tipo de competencia, puesto que habrán destruido un sector mayoritariamente de autónomos como es el del taxi.
La asociación solicita al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios "que defiendan un sector público que no supone costes a las administraciones y sí ingresos, ante las presiones de multinacionales que solo les mueve su interés económico, y que pongan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a controlar de forma estricta el servicio de VTCs para que cumplan la legalidad vigente, y a su vez, se tomen las medidas oportunas para posibilitar unas condiciones de competencia justa entre los dos sectores".