Profesor de Derecho Penal de la Usal
En 2016, Aida Hedzialic, ministra sueca de Educación Superior, dimitió porque al volver de presenciar un concierto musical en Copenhague conduciendo su propio vehículo, dio positivo en un control de alcoholemia (0,20 miligramos de alcohol en sangre). Cuando renunció al cargo dijo sentirse profundamente arrepentida y que no podía seguir ni un minuto más en su cargo porque sentía que había decepcionado a mucha gente. También manifestó que se animó a coger su automóvil porque pensaba que no estaba bajo los efectos del alcohol.
En 2011, Michele Alliot-Marie, ministra de exteriores de Francia, presentó su dimisión porque había aceptado unas vacaciones regaladas por un empresario tunecino muy próximo al entonces presidente de ese país.
En 2009 se produjeron dimisiones en cascada de parlamentarios en el Reino Unido porque realizaron pagos con dinero público para gastos personales.
En 2012, Chris Huhne, ministro de energía del Reino Unido, dimitió de su cargo porque intentó ocultar una infracción de tráfico
Y así podríamos contar muchos más casos en países de Europa o Estados Unidos. Lugares en los que la corrupción política es residual y cuando existe algún caso aislado, los políticos que ha participado en alguna trama saben que, como tales, tienen un grado de responsabilidad mayor que el resto de los ciudadanos porque han sido elegidos por el pueblo y tienen meridianamente claro que ante cualquier ilícito realizado, con independencia de que sea o no penalmente relevante, tienen que abandonar su cargo inmediatamente. Algo que no ocurre, por desgracia, en España, que debe ser el único país del club de los más desarrollados del mundo en el que los políticos confunden la responsabilidad política con la penal y acuden siempre a la presunción de inocencia para tapar sus vergüenzas. Bueno, cuando son ellos los responsables, porque cuando lo son los de otras bancadas sí dicen saber diferenciar ambas responsabilidades.
La corrupción política está azotando España desde hace décadas y han sido procesados y condenados muchos cargos públicos de todos los partidos. Pero lo que está ocurriendo con el PP de Madrid es realmente insoportable. Entre los casos Gürtel, Púnica, operación Lezo o tarjetas Black de Bankia no va a quedar ningún cargo público sin investigar, porque cada día hay nuevos indicios, pruebas e informes que vinculan a más responsables políticos de esa formación.
Los dos últimos conocidos son sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que involucran, en el primero, nada menos que a Cristina Cifuentes, la flamante presidente de la Comunidad de Madrid que aparentaba ser el ejemplo de transparencia y el azote de la corrupción al denunciar algunos casos, incluso de miembros de las filas de su propio partido. Según el informe, la señora Cifuentes podría haber incurrido en la comisión de delitos de prevaricación y cohecho (en la trama púnica) por la presunta adjudicación de contratos al ex presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, puesto que la actual presidente era entonces miembro del comité de expertos en las licitaciones y, además, también ostentaba la presidencia de la mesa de contratación de las referidas licitaciones. Pero no se queda ahí la trama, puesto que Cristina Cifuentes era también miembro de la fundación FUNDESCAM (vinculada al PP). Arturo Fernández admitió ante el juez haber donado a esa fundación 60.000 euros en el año 2007.
Esta presunta implicación parece haber cabreado mucho a la presidente de la Comunidad de Madrid que incluso ha ridiculizado el informe, cuestionando la profesionalidad de los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que tuvo a su cargo cuando ocupó el cargo de Delegada del Gobierno en Madrid.
El segundo informe de la UCO conocido esta semana involucra al presidente del gobierno, Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre, puesto que en él se afirma que el PP, presuntamente, financió los gastos de la campaña electoral de las Generales de 2008 (en las que ya concurría Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno) con cursos de formación inexistentes. El dinero supuestamente malversado para financiar ilegalmente al PP (no sólo la campaña de 2008, sino también las autonómicas de 2007 que ganó Esperanza Aguirre) supera el millón cien mil euros y sitúa a Ignacio González en la cúspide de la trama.
Si esto es así -utilizando el argot deportivo-, se podría decir sin temor a equivocarnos que Rajoy y Aguirre acudieron "dopados" a sus respectivas confrontaciones electorales. Y no hace falta recordar que cuando un deportista va "dopado" a una competición, le desposeen de los títulos obtenidos y le sancionan apartándolo de las competiciones durante un plazo de tiempo determinado.
Pero lejos de dimitir (estoy seguro que ni Rajoy ni Cifuentes lo harán), seguirán pavoneándose en la arena política y mediática, atreviéndose, incluso, a dar lecciones de ética, transparencia y buena gobernanza. Nunca reconocerán que ese chorreo de dinero público que se ha ido por las alcantarillas de la ignominia, podría haberse destinado a mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales y, en general, las políticas de bienestar.