Con una celeridad a la que no estamos acostumbrados, el Juzgado de Valladolid encargado de instruir la trama eólica se ha puesto inmediatamente manos a la obra, tanto que a partir del próximo de 2 de junio comenzarán a declarar los 21 imputados en la querella presentada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, trafico de influencias y blanqueo de capitales presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Además de ellos, la titular del Juzgado, Verónica María Marcos, ha citado asimismo a declarar a diez testigos, entre ellos al empresario que en su día envió una carta a Juan Vicente Herrera denunciando la arbitrariedad en la concesión de los parques eólicos.
Como no podía ser de otra manera, el desfile por la sede de judicial lo abrirá el ex viceconsejero de la consejería de Economía, Rafael Delgado, a quien la querella sitúa en el centro de la trama. Aunque el máximo protagonismo ha recaído en Delgado y en su inseparable Alberto Esgueva, ex director de la antigua empresa pública Excal, en realidad son cuatro los ex altos cargos de la Junta acusados por la Fiscalía.
Los otros dos son Manuel Ordóñez Carballada, director general de Energía en la legislatura 2003-2007, y Andrés Martín de Paz, director general de Deportes de la Consejería de Educación en la etapa (1999-2003) en la que Delgado fue su secretario general. Tras asociarse con una filial de Iberdrola, Martín de Paz habría obtenido una plusvalía cercana a los 4 millones de euros gracias a oportuna licencia concedida por el entonces viceconsejero de Economía. Y a ellos se añade otro cargo de libre designación de la Junta: el ex jefe del Servicio Territorial de Industria en Soria, Gabriel Ángel Jiménez Martínez.
El sucesor de Ordóñez en la dirección general de Energía, Ricardo González Mantero, ratificado en el cargo por la actual consejera de Economía, es uno de los 10 citados en calidad de testigo. También están citados en la misma condición los actuales jefes del servicio territorial de Industria en Burgos y Segovia.
A su vez, el Juzgado ha declarado la causa de "especial complejidad", disponiendo así inicialmente de 18 meses para su instrucción. Frente a la diligencia mostrada por la juez, la Junta la ha pifiado al tratar de personarse en la causa sin especificar en que condición lo hacía, lo que ha motivado el rechazo de su petición, que ha tenido que ser reiterada subsanando esa clamorosa omisión.