Con el objetivo de superar el millón de ocupados en la legislatura, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado los presupuestos de la Consejería
La Consejería de Empleo aplica un presupuesto centrado en el empleo y en las líneas básicas de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, que se concretan en el Plan Anual de Políticas de Empleo para el 2017 con los agentes económicos y sociales. Los recursos económicos se dirigen esencialmente a los ciudadanos, de esta forma los gastos estrictamente administrativos y de funcionamiento se mantienen en los niveles del año anterior. De esta forma, el crecimiento se concentra en las operaciones de capital, que superan las tres cuartas partes del Presupuesto, con lo que 3 de cada 4 euros se destinan a acciones que benefician a los ciudadanos a través de inversiones.
Fomento del Empleo
La mejora de la situación económica permite impulsar la ocupación de más trabajadores, especialmente a aquellos que cuentan con más dificultades. De esta forma, se incrementa en más de 22 millones de euros, un 13,58 % más, los fondos destinados a políticas activas de empleo y de ellos 1 de cada 3 euros se destina a la contratación de desempleados.
Los Planes de Empleo Local crecen más de un 28 %, hasta los 51,3 millones de euros, y se centran en garantizar un empleo productivo con más calidad y con más derechos, a la vez que promueven la participación de las Administraciones Locales, mediante instrumentos de adicionalidad aportando la contratación complementaria de trabajadores con sus recursos, en un objetivo común que, en muchos casos, incorporan sus propios acuerdos del Diálogo Social Local. El Plan de Empleo Local presta especial atención a los municipios mineros y al Plan de Dinamización de Soria sin olvidar el impulso a la contratación de jóvenes y trabajadores con discapacidad en las entidades locales.
Por otra parte, el Plan de Empleo Joven alcanza los 41 millones de euros con el objetivo de que este colectivo, cuya edad la Junta eleva hasta los 35 años, especialmente castigado por la recesión pueda aprovechar las oportunidades de la recuperación. En los últimos doce meses, el ritmo de reducción del paro en este colectivo es el doble de la media. Además, el ECYL gestionará medidas destinadas a jóvenes hasta los 30 años, procedentes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil por importe de 12 millones de euros.
Se destinan más de 28 millones al empleo de personas con discapacidad, lo que permitirá adelantar a 2017 el compromiso de legislatura de subvencionar el 75 % del salario mínimo profesional de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad severa en Centros Especiales de Empleo, a la vez que abordar la subida del 8 % del SMI. De la misma forma, se potencian las unidades de apoyo en los centros especiales de empleo (CEE) y se fomenta la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria.
Por otra parte, el presupuesto permite fortalecer las políticas de igualdad, favoreciendo las mismas condiciones y oportunidades en el trabajo y el ascenso profesional de las mujeres.
Además, se incrementan los recursos para el empleo de colectivos en exclusión o riesgo de exclusión social. En concreto, se promoverá la contratación de más de 1.100 personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía a través de los Planes de Empleo Local.
Los parados de larga duración seguirán constituyendo un objetivo prioritario para facilitar su incorporación al mercado de laboral. Para ello, se establecen instrumentos sociales de orientación en la búsqueda activa de empleo.
Además, el Gobierno Autonómico fomentará el autoempleo y la cultura emprendedora. Para ello, se ha presupuestado un programa de incentivos al empleo por cuenta propia que incluye ayudas al establecimiento inicial como trabajadores autónomos, la contratación de servicios externos para el inicio de la actividad económica o la realización de cursos de formación para mejorar la cualificación profesional de los emprendedores, que se integra en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020, recientemente aprobada, que pretende dar respuesta a las necesidades del autónomo a lo largo de toda su vida laboral y profesional.
Se refuerzan los recursos destinados a promover las empresas de Economía Social, que mantienen más de 30.000 empleos directos, fomentando la incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales, en un contexto en el que la futura Ley de Cooperativas permitirá reducir y simplificar los trámites administrativos.
Formación y cualificación profesional
El presupuesto de la consejería destina a las políticas de formación y cualificación profesional, más de 86 millones de euros, con un incremento del 10,11 %, para mejorar la empleabilidad como elemento esencial para acceder en mejores condiciones a un empleo, con más estabilidad y mejores retribuciones. Se avanza en el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y otras vías no formales de formación.
Se dispondrán medidas de formación para desempleados con el objetivo de mejorar su empleabilidad y se proporcionará formación a trabajadores ocupados para mejorar su competitividad y favorecer su promoción profesional. Además podrán solicitar acciones formativas reconocidas mediante acreditación oficial.
La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL), continuará desarrollando tareas en materia de formación apoyando al ECYL, en la detección de necesidades de formación, en el apoyo en la gestión para la financiación de planes de formación, prestando asistencia técnica a empresas para el aprovechamiento del sistema de bonificaciones y difundiendo la Responsabilidad Social Empresarial. La fundación contará con 929.913 euros para su funcionamiento.
Se promueven también acciones de formación en alternancia con el empleo. El desarrollo del programa mixto se ha dotado con más de ocho millones de euros.
En cuanto a los servicios de intermediación y la orientación laboral, se destinan casi 38 millones de euros para garantizar el funcionamiento de las oficinas de empleo, que prestan más de 1.000 servicios diarios a trabajadores y a empresas.
Por otra parte, los fondos para la prevención de riesgos laborales crecen más del 7 %, con el objeto de hacer frente a los nuevos riesgos que se derivan de la mayor actividad productiva y de la incorporación al empleo de personas con menor experiencia laboral. Además, se potencia la formación y la investigación en seguridad y salud laboral a través de los nuevos convenios de colaboración suscritos el pasado mes de marzo con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, para la puesta en marcha del Programa Universitas de Castilla y León para la Prevención de Riesgos Laborales.
Relaciones Laborales
La Consejería dedica más de once millones al desarrollo de las relaciones laborales. En este apartado del presupuesto se incluyen las subvenciones al SERLA y a los agentes económicos y sociales para financiar la colaboración en la solución extrajudicial de conflictos laborales, tal y como se establece en el marco del Diálogo Social y el ASACL. El presupuesto del SERLA asciende a 1.121.035 euros y tiene como objetivo atender las funciones desarrolladas en el ámbito de los conflictos colectivos e incorporar progresivamente las nuevas actividades relativas a los conflictos individuales, en los términos acordados en el III ASACL por los representantes de los empresarios y de los trabajadores.
Por último, en un contexto de reducción de los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la recuperación económica, la Consejería de Empleo continuará garantizando, con más de cuatro millones de euros, el apoyo a trabajadores y empresas afectados por crisis empresariales.
El objetivo de este presupuesto es la creación de más empleo hasta superar el millón de ocupados en esta legislatura: empleo de más calidad, más estable, con más derechos, más seguro y con mayores retribuciones. El crecimiento económico ha de llegar a los ciudadanos, sobre todo a las familias con más problemas y que peor lo han pasado durante la recesión. Es necesario tener más oportunidades para todos y poder abordar en mejores condiciones los desafíos demográficos.