La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinará 14,7 millones de euros a esta convocatoria, un 30% más que en el año anterior
La convocatoria de ayudas al alquiler de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para 2017 cuenta con un presupuesto de 14,7 millones de euros, frente a los 11,3 millones convocados en 2016, lo que supone un incremento del 30 % y prácticamente triplica la de 2015 y multiplica por cinco la de 2014.
Las ayudas al alquiler se enmarcan dentro del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, el cual ha sido prorrogado hasta finales de este año. Como consecuencia de la prorroga, la cofinanciación del Estado y de la Comunidad de Castilla y León permitirá contar con un total de 24,3 millones de euros destinados a la política de vivienda.
El BOCyL publica el extracto de la Orden de convocatoria este lunes 8 de mayo, estableciendo el plazo de un mes para la presentación de solicitudes, de forma que los interesados podrán registrarlas entre el 9 de mayo y el 8 de junio.Esta nueva convocatoria continúa dando prioridad a los colectivos más vulnerables como son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM, al no requerir un mínimo de ingresos.
El periodo subvencionable será el comprendido entre agosto de 2016 hasta julio de 2017 y estas ayudas serán compatibles para los beneficiarios de las subvenciones destinadas al alquiler de vivienda 2014, alquiler social 2015 y alquiler 2016 ya que no coincide el periodo subvencionable.
Al igual que en la convocatoria anterior, se mantiene el límite máximo de ingresos en 2,5 veces el IPREM, aunque, en función de las solicitudes presentadas y las disponibilidades presupuestarias, excepcionalmente se podría llegar hasta las tres veces el IPREM. Se permiten los cambios de domicilio dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León durante la tramitación de la solicitud y no solo cuando se adquiera la condición de beneficiario y se mantiene el porcentaje de subvención en el 40 % de la renta anual con un límite máximo de 2.400 euros anuales, que son los parámetros máximos que permite el Real Decreto de prórroga del Plan Estatal de Vivienda.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente consolida así el programa de ayudas al alquiler con un marco estable durante la presente legislatura, dentro de los acuerdos del Consejo del Diálogo Social firmados el pasado mes de marzo entre la Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales.
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios, por entender que, frente a la compra, soluciona el problema de acceso a la vivienda y es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de las familias en determinados momentos, y se centra en la ayuda a las personas y familias más desfavorecidas, así como a la promoción de las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Ayudas al alquiler en convocatorias anteriores
A su vez, esta mañana los miembros de la Comisión de Vivienda del Diálogo Social han conocido y evaluado los resultados de la convocatoria de ayudas al alquiler del año pasado, que finalmente ha arrojado un balance de 8.262 beneficiarios de ayudas por importe de 10,1 millones de euros. Una primera selección estableció 8.760 beneficiarios pero solo aportaron la documentación requerida 6.402, quienes recibieron 7,4 millones de euros en ayudas, lo que permitió, por primera vez, incorporar a otros 1.860 solicitantes que habían quedado en reserva cumpliendo todos los requisitos, y que finalmente también van a recibir las ayudas por importe de 2,7 millones de euros en este mes de mayo.
La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria en octubre de 2015 que dispuso de una línea de financiación de cinco millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y que daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas y ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda. La convocatoria benefició a 3.473 solicitantes y fue la primera que eliminó el requisito de tener al menos unos ingresos de 1 IPREM (532,51 euros mensuales, en cómputo anual con catorce pagas), pudiendo desde esta convocatoria concurrir a las ayudas quien tenga ingresos inferiores.